El reglamento de Mercasa obliga a sus consejeros a destituir al presidente nombrado por el PSOE
El reglamento interno del consejo de administración de Mercasa obliga a sus doce consejeros a destituir al nuevo presidente de la empresa pública, José Ramón Sempere, por falsificar su currículum y por ocultar al juez pruebas sobre el pago de 20 millones de euros en comisiones ilegales en Angola.
El artículo 23 del reglamento señala que los consejeros de Mercasa deberán «tener reconocida solvencia moral y sentido de la responsabilidad, acreditados por una trayectoria de actuación ética», además de «actuar con integridad y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones y no haber incurrido en circunstancias que determinen que su participación en el consejo pueda poner en peligro los intereses de la sociedad».
No parece que el nuevo presidente de Mercasa nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez, José Ramón Sempere, cumpla ninguno de estos requisitos. Sempere ha convocado a su consejo de administración para destituir a la secretaria del órgano de gobierno, la abogada del Estado Macarena Olona.
El presidente de Mercasa pretende evitar así que Olona declare el miércoles, como representante de la empresa pública, ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que instruye la causa sobre el pago de comisiones ilegales millonarias en la construcción de un mercado de abastos en Angola.
Como ha informado OKDIARIO, durante los últimos meses Macarena Olona ha dirigido el equipo que ha rastreado la contabilidad de la empresa pública para hallar nuevos indicios sobre el pago de comisiones ilegales. En su comparecencia del miércoles, tenía previsto entregar al juez pruebas que implican a otros ex directivos de Mercasa que actualmente no están imputados en la causa, según las fuentes del consejo de administración consultadas por este diario.
Al forzar la destitución de Macarena Olona como secretaria del consejo, para evitar que entregue estas pruebas al juez, José Ramón Sempere y los otros once consejeros pueden incurrir en un delito de obstrucción a la Justicia.
En la causa judicial que instruye el juez José de la Mata están imputados ex altos cargos de Mercasa nombrados tanto por el PP (como el ex presidente Eduardo Ameijide o Pablo González, hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González) como por el PSOE (como Álvaro Curiel, que actualmente ocupa un cargo directivo de Mercamadrid por designación del equipo de gobierno de Manuela Carmena). El pago de comisiones ilegales en Angola se realizó a través del consorcio Mercasa Incatema (en la que Mercasa tenía una participación próxima al 49%).
La actuación del nuevo presidente de Mercasa difícilmente encaja con el reglamento interno de la empresa pública, cuyo artículo 23 exige que los consejeros cumplan los principios de «integridad, objetividad, transparencia y responsabilidad» en la gestión de la empresa pública.
El artículo 8 del mismo reglamento señala además que los miembros del consejo de administración deben ser elegidos por «poseer los conocimientos, prestigio y experiencia profesionales adecuados al ejercicio de sus funciones».
Tampoco es el caso de José Ramón Sempere, quien ha falsificado su currírucum oficial publicado en la propia web de Mercasa. En su curríruculm, Sempere sostiene que tiene un Master of Business Administration (MBA) obtenido en 2004 en la “Universidad de ESUMA-Escuela de Marketing”.
Dicha universidad no existe, sino que es una pequeña escuela de negocios con sede en Elche (Alicante), que no está habilitada para otorgar títulos universitarios oficiales. Del mismo modo, Sempere afirma en su currículum que es «Diplomado en Administración y Finanzas» por el ICADE y Fundesem. En realidad, hizo un cursillo de un año en la escuela de negocios de Alicante Fundesem y le dieron un diploma.
Después de que OKDIARIO publicara estas informaciones, Sempere optó por eliminar el currículum que había publicado en la web de Transparencia de Mercasa. El hecho de que falsificara su currículum para atribuirse títulos académicos que no tiene también vulnera los artículos 8 y 23 del reglamento de Mercasa, y es un motivo añadido para que el consejo de administración de la empresa pública destituya a su nuevo presidente.
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