El PP de Cantabria puede ser multado con 600.000€ por hacer 511 pagos con la cuenta de un discapacitado

Los responsables del PP de Cantabria que utilizaron la cuenta de una persona con discapacidad mental para amañar el congreso regional del partido pueden ser multados con hasta 600.000 euros por vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

La causa que instruye el Juzgado número 3 de Santander ha puesto en evidencia que cuatro miembros de la actual dirección del PP de Cantabria (entre ellos, la presidenta, la secretaria general y la presidenta del comité electoral) utilizaron la cuenta bancaria de un vecino de Laredo con discapacidad mental para pagar las cuotas de 511 militantes, con el fin de que pudieran votar en el congreso regional.

Gracias a ello, María José Sáenz de Buruaga fue elegida presidenta regional del partido en el congreso celebrado en marzo de 2017, al obtener cuatro votos más que su rival, el ex presidente del Gobierno de Cantabria Nacho Diego.

La documentación que obra en el Juzgado acredita que al menos cuatro personas, desde otras tantas ubicaciones, realizaron por internet las 511 transferencias con la cuenta del discapacitado Miguelín para pagar las cuotas de militantes. Quienes realizaron estas operaciones necesariamente tuvieron en su poder y manejaron el censo de militantes del partido, pues cada transferencia debía incorporar los datos personales del afiliado que se beneficiaba del pago.

La gerente debía custodiar el censo

El censo de militantes de un partido político es un documento especialmente protegido por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), por las implicaciones que tiene sobre la ideología y actividad política de sus miembros.

Vulnerar el secreto sobre datos especialmente protegidos constituye una «infracción muy grave» de la Ley de Protección de Datos, sancionable con multas de entre 300.000 y 600.000 euros.

En un partido político, el responsable de custodiar el censo de militantes es el gerente. En el caso del PP de Cantabria, cuando sucedieron los hechos la gerente era Jesusa Sánchez, que al mismo tiempo presidió el comité organizador del congreso regional.

Ingresos anónimos en un cajero

Quienes realizaron las transferencias sólo podrían ser eximidos de esta responsabilidad si pueden acreditar que recibieron la autorización expresa y por escrito de cada uno de los 511 militantes cuyos datos personales utilizaron.

Como informó ayer OKDIARIO, la investigación judicial ha acreditado que miembros de la candidatura de María José Sáenz de Buruaga abrieron el 27 de febrero de 2017 una cuenta a nombre del discapacitado Miguelín en la sucursal de Laredo de una entidad financiera. Utilizaron esta cuenta para realizar las 511 transferencias y, una semana después, la cancelaron.

La juez ya sabe también qué personas ingresaron los casi 9.000 euros para realizar estas transferencias. Se trata del marido de la actual presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; la secretaria general del partido, María José González Revuelta (que en aquel momento era la tesorera); la presidenta del comité electoral, Isabel Urrutia (que entonces presidía el comité de derechos y garantías, encargado de velar por el comportamiento ético de los militantes) y un diputado autonómico que forma parte de la actual ejecutiva.

Además, se realizaron otras dos imposiciones en efectivo de 800 euros (en total, 1.600 euros) en la cuenta de Miguelín a través de un cajero automático situado en la plaza Dos de Mayo de Santander. La entidad financiera todavía no ha podido aclarar la identidad de la persona que hizo esos dos ingresos.

El Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP ha amenazado con expedientes disciplinarios a los militantes y cargos públicos del partido que han denunciado públicamente la operación que sirvió para amañar el congreso regional del PP de Cantabria, utilizando a un discapacitado mental.

Como ha informado OKDIARIO, Miguelín en ningún caso pudo financiar las 511 transferencias realizadas a través de su cuenta bancaria, ya que vive de una modesta pensión no contributiva (tiene reconocida una discapacidad del 95%) y de la caridad de los vecinos de Laredo.