Piden que el ex alcalde de Oropesa pague de su bolsillo los 6.000 € a los que ha sido condenado el Consistorio

La Asociación contra la Corrupción Administrativa ha presentado un escrito ante la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana en el que solicita que el ex alcalde de Oropesa del Mar Rafael Albert Roca (PP) y el resto de concejales que aprobaron ilegalmente una subida encubierta del 8% del sueldo de los empleados municipales paguen de su bolsillo los 6.000 euros a los que ha sido condenado el Ayuntamiento.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castellón dictó el 18 de octubre de 2018 una sentencia en la que anulaba la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que el Ayuntamiento de Oropesa (Castellón) había aprobado en 2014.

Según la sentencia, el Consistorio que entonces presidía Rafael Albert incurrió en un fraude de Ley para sortear la Ley de Presupuestos del Estado que prohibía incrementar la nómina de los funcionarios. Para burlar esta norma, el Consistorio aprobó una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que consolidaba e incorporaba al complemento de destino de los funcionarios su complemento de productividad, lo que se tradujo en una subida encubierta del 8,1% del sueldo de sus funcionarios.

La interventora municipal había advertido reiteradamente de esta ilegalidad, al recordar en sus informes que «el complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo».

El secretario fue el más beneficiado

Por tanto, concluía la interventora, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) llevada ante el Pleno constituye «una ampliación continua de las retribuciones económicas mensuales, carente de cobertura legal alguna».

Sin embargo, el equipo de gobierno popular que entonces presidía el alcalde Rafael Albert desoyó el informe desfavorable de la interventora y apoyó su propuesta en el informe favorable del secretario municipal, José Luis Silvente, que ha sido el principal beneficiario de esta subida de sueldo encubierta.

De hecho, como ha informado OKDIARIO, Silvente llegó a embolsarse 6.650 euros al mes como complemento de productividad, motivo por el que la Fiscalía ha presentado un denuncia contra él y contra el ex alcalde Rafael Albert, como autores de sendos delitos de malversación y prevaricación.

No sólo la interventora avisó al alcalde de Oropesa de que estaba actuando ilegalmente, sino que la Abogacía del Estado le envió varios requerimientos en los que le instaba a retirar su propuesta ilegal.

Deben reparar el daño causado

Finalmente, a instancias de la Subdelegación del Gobierno, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castellón anuló en octubre de 2018 la Relación de Puestos de Trabajo (RLP) que el Ayuntamiento de Oropesa había aprobado ilegalmente y condenó al Consistorio a pagar 6.000 euros en costas judiciales.

La primera consecuencia de esta resolución judicial es que los funcionarios deben devolver la mejora de sus retribuciones que han percibido ilegalmente desde 2014. Pero además, la Asociación contra la Corrupción Administrativa en el Ámbito de las Administraciones Públicas ha pedido ahora oficialmente a la Sindicatura de Cuentas que aplique el artículo 38 de la Ley 2/1982 del Tribunal de Cuentas.

Esto significa que todos los políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Oropesa (entre ellos, el secretario municipal José Luis Silvente) responsables del acto ilegal que ahora ha sido anulado deben responder del daño causado con su propio patrimonio.

La Asociación contra la Corrupción Administrativa reclama, por tanto, que todos los concejales que aprobaron la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en fraude de Ley para burlar la Ley de Presupuestos del Estado abonen de su bolsillo, solidariamente, los 6.000 euros a los que ha sido condenado el Ayuntamiento.