Nueva querella contra Iglesias y Podemos por financiación ilegal de Venezuela e Irán

Un nuevo frente jurídico se abre para Pablo Iglesias y Podemos por su presunta financiación ilegal. El bufete de José Emilio Rodríguez Menéndez ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo por el dinero recibido de Venezuela por su fundación CEPS y por el recibido desde Irán por la empresa que da soporte a su programa televisivo La Tuerka.

El escrito recuerda que CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales) recibió 3,7 millones del Gobierno venezolano entre 2002 y 2012, según consta en el registro de fundaciones. El aporte de tal Gobierno supuso casi el 80% de los ingresos de la fundación vinculada a los hoy dirigentes de Podemos.

La querella recuerda que el Gobierno de Hugo Chávez fue siempre su mejor y a veces único cliente; buena parte de los pagos (1,6 millones) fueron por asesorar directamente a Chávez; cobró año tras año por la implantación de un sistema de seguridad social en Venezuela y, además facturó a una decena más de organismos gubernamentales, desde la cadena televisiva Telesur al Ministerio del Interior para dar clases sobre globalización, pasando por el Banco Central de Venezuela, para el que medía «la percepción socioeconómica de los venezolanos».

El escrito de Rodríguez Menéndez incide en que las últimas cuentas de CEPS reflejan que no pagaban impuestos y que el dinero se repartía así: «son beneficiarios de CEPS todas aquellas personas que se encuentran en condiciones de tomar parte de las actividad de la fundación».

Los millones de los ayatolás

Por otro lado, la querella plantea que el Gobierno de Iran inyectó 9,3 millones en los últimos tres años a 360 Global Media, «televisión creada por el régimen irání para difundir su lucha ideológica. Con este dinero, Global Media paga cada año entre 600.000 y 700.000 euros a Pablo Iglesias y su entorno […] destinando Pablo Iglesias parte de este dinero a financiar el partido político del cual es secretario general».

De todos estos hechos, según la querella, se desprenden una serie de delitos como son financiación ilegal, delito de apropiación indebida de fondos electorales, delito contra la hacienda pública y blanqueo de capitales.