Sanidad infla con impuestos irreales los contratos millonarios del nuevo hospital de Melilla

El equipamiento tecnológico del futuro hospital de Melilla, que depende del Ministerio de Sanidad, está salpicado por un desconcertante incremento irregular de impuestos que ha hecho saltar las alarmas entre profesionales del sector. Incomprensiblemente, y sin que el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) haya dado una explicación capaz de entender lo que está ocurriendo, los contratos del equipamiento sanitario se están adjudicando aplicándoles un impuesto del 10%, cuando el que rige para este tipo de material en Melilla es justo la mitad, el 5%. «El error es tan grueso que puede hacer sospechar que haya algo detrás», dicen expertos consultados por OKDIARIO. Ingesa, de momento, guarda silencio.

En Melilla, como ciudad autónoma extrapeninsular, rige un modelo tributario distinto al de la Península. El Impuesto sobre la Producción los Servicios y la Importación (IPSI) es el equivalente melillense del IVA, y además cuenta con ordenanzas fiscales exclusivas de la ciudad autónoma.

Según esa normativa de la ciudad autónoma de Melilla, los aparatos de rayos X para uso médico –entre otros muchos equipos sanitarios– están gravados con un 5% de impuesto. Sin embargo, en los contratos que ha adjudicado el Ministerio de Sanidad a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) –entidad que gestiona la Sanidad en Ceuta y Melilla– estos aparatos han sido adjudicados con un 10% de IPSI. Sorprendente, porque este tipo de millonarias adjudicaciones constan de expedientes que siguen múltiples trámites de elaboración y control, con la participación de técnicos superiores que velan por la corrección tanto de las bases (pliegos) como de la posterior adjudicación y ejecución.

Sospechoso desliz

Algunas fuentes consultadas, expertos en materia sanitaria con conocimiento directo en el caso de Melilla, apuntan a que es difícil entender esto como un mero error. «Es tan grueso que es difícil comprender que un organismo de ese nivel incurra sin más en una equivocación de este calibre», indica uno de los especialistas con los que ha hablado OKDIARIO. Otro, en similar sentido, apunta que resulta sospechoso y que detrás de esta maniobra podría haber una intencionalidad, del tipo que sea.

De entrada, en la práctica, aplicar un 10% de impuesto para una adjudicación en la que rige un gravamen del 5% tiene dos consecuencias directas: para el adjudicador, en este caso el Gobierno con cargo a los presupuestos del Estado, supone pagar de más, aplicar un sobrecoste; para el proveedor al que se le adjudica, le otorga un beneficio extra, porque cuando le toque liquidar el impuesto sólo pagará el 5%. El resto será ganancia neta con cargo a los fondos públicos.

«No es por pensar mal, pero una técnica de este tipo podría facilitar perfectamente una práctica de comisiones en adjudicaciones», advierte uno de los profesionales sanitarios melillenses con los que ha hablado OKDIARIO.

Con fondos europeos

«Se está aplicando incorrectamente el IPSI lo que supone un incremento injustificado del coste que va en beneficio de las empresas que se adjudican estos contratos», insiste un responsable del hospital comarcal de Melilla que prefiere mantener el anonimato en una entrevista con OKDIARIO. De este modo, Moncloa está inflando los impuesto de los contratos millonarios de equipamiento médico que llegarán al nuevo hospital de Melilla.

Además, es importante reseñar que este recargo impositivo del 5% está siendo sufragado por las arcas públicas gracias a los fondos europeos que la UE concedió para remontar la economía tras el golpe del Covid.

Los encargados de realizar estos contratos son en primera instancia los gerentes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) que es una entidad dependiente del Ministerio de Sanidad de España. Salvo el director, llama la atención que el resto del equipo directivo no tiene un currículum sanitario. La máxima responsable de este organismo es Belen Hernando que es una funcionaria de prisiones con escasos conocimientos médicos. También una aparejadora y un interventor cuya formación no tiene nada que ver con medicina, son algunos de los perfiles que pueden encontrarse en la actual cúpula del Ingesa, generosamente asalariada y al frente de un organismo que, por otra parte, está en el punto de mira judicial por las sospechas en las adjudicaciones millonarias de material sanitario durante el Covid. Sin embargo, según fuentes consultadas por este periódico, el que está moviendo los hilos para abastecer de maquinaria al nuevo hospital es Fidel Campoy, un licenciado en Medicina que trabajó para la empresa de seguros médicos DKV.

Sobrecoste

A los impuestos irregulares también se une un sobrecoste respecto al precio de mercado de los equipos denunciado por los propios médicos melillenses. Ejemplo de ello es un contrato de un lote único adjudicado a Siemens Healthcare por un valor total de 5.683.160 euros. Fuentes médicas aseguran que la oferta económica de Siemens Healthcare es más que elevada respecto al precio de mercado de la misma maquinaria.

Prueba de ello, son los equipos de telemando que, en el caso de empresas como Canon, se pueden adquirir por 190.000 euros. Sin embargo, esa sala de telemando se le ha adjudicado a Siemens por 290.393 euros. Además, fuentes médicas aseguran que este contrato se ha dado sin que haya existido realmente una libre concurrencia de licitadores, debido –dicen– a la urgencia con la que se preparó todo el proceso de contratación y a las condiciones técnicas de los pliegos, que restringían la competencia. Al final, sólo la empresa Siemens Healthcare se presentó a la licitación y la ganó.

Pero el telemando no es el único equipo con sobrecoste. Médicos consultados por este periódico también alertan del elevado precio del sistema quirúrgico Da Vinci que ha sido adquirido por el Ingesa por 2.100.000 de euros. «Es un despropósito para un hospital como el de Melilla, además nadie lo sabe usar», denuncian los médicos en conversaciones con OKDIARIO.

Con prisas

Sumado a todo esto también llama la atención cómo los contratos para abastecer de aparatos médicos al nuevo hospital se han tramitado por procedimientos de urgencia. En el caso del contrato para abastecer de equipos de diagnóstico por imagen adjudicado a Siemens Healthcare, el anuncio de la licitación se produjo el 5 de julio de 2022 y no se formalizó hasta el 23 de enero de 2023. Mientras se adjudican contratos públicos por vía de urgencia, el hospital aún está en obras tras haberse cambiado los planos en reiteradas ocasiones.

Personal en manos de una consultora

A las irregularidades a la hora de comprar la maquinaria del hospital, también se une la polémica en cuanto a la dotación de recursos humanos que trabajará en el Hospital Universitario de Melilla. Mientras los jefes de los repartos médicos recomendaron ciertos perfiles, desde Ingesa han decido recurrir a una empresa externa para la selección de personal para el hospital. Es algo sorprendente, dado que se trata de empleo público y que el acceso al mismo se rige constitucionalmente por los principios de igualdad, mérito y capacidad supervisados por la Administración contratante, algo que choca con dejar el proceso en manos de una consultora privada. La persona encargada de dirigir las recursos humanos en Ingesa es María José Gemar que es la principal responsable de dejar en manos de una consultora el personal.

«Han ignorado por completo las recomendaciones de los jefes de los repartos médicos cuando son los que mejor conocen las necesidades sanitarias de Melilla», denuncian fuentes médicas consultadas por OKDIARIO.

Múltiples retrasos

Tras casi 20 años de proyecto, este segundo gran hospital por fin se inaugurará en la ciudad de Melilla este año, si se cumplen los últimos plazos después de las continuas prórrogas que se han ido acumulando. Estaba previsto que las obras del hospital finalizasen en noviembre de 2021, sin embargo, más de un año después de esa fecha aún no está terminado. El propio Ingesa pidió que se ampliara el plazo de las obras, mientras tramitaba contratos por vía de urgencia para abastecer de suministros a un hospital que aún no está construido. Además, fuentes cercanas al proyecto aseguran que tuvieron que hacerse rectificaciones arquitectónicas sobre los planos iniciales, lo que supuso también sobrecostes millonarios en la edificación del complejo sanitario.

Por si todo esto fuera poco, las polémicas que rodean a la apertura del nuevo hospital llegan en un contexto de huelga de facultativos en Melilla. Los paros comenzaron el pasado 9 de marzo y aún continúan, provocando la cancelación de más de 5.000 consultas y 200 intervenciones quirúrgicas. Los médicos melillenses piden al Ingesa recibir el complemento específico en sus nóminas y solucionar los servicios deficitarios de la Sanidad en Melilla. Faltan médicos, las condiciones laborales no son atractivas y el 40% de la plantilla está en una edad próxima a la jubilación.