«Marjaliza sobornó a Gómez con Rolex y cuadros, y el constructor Cid, con cheques al portador»

Pero Villanueva va más allá: añade que el constructor Ramiro Cid, íntimo amigo de Granados, “compraba” al alcalde de Parla “con cheques al portador”. Entre los supuestos beneficiarios de estos talones también estaban dos lugartenientes de Tomás Gómez: su sucesor en la Alcaldía, José María Fraile, y Wilfredo Jurado. “En ambos casos a cambio de adjudicaciones públicas”, añade Villanueva.

Ramiro Cid saltó a la fama hace años cuando ardió el Mini que empleaba la esposa de Granados, Nieves Alarcón, y resultó que estaba a nombre de este constructor.

Estas aseveraciones figuran, asimismo, en la declaración secreta que prestó ante la Fiscalía Anticorrupción relatando las corruptelas presuntamente cometidas por el ex alcalde de Parla y hasta el pasado mes de febrero secretario general de los socialistas madrileños.

Estas aseveraciones cierran el abanico de la doble acusación que planteó Villanueva en Anticorrupción en junio pasado: durante su mandato en Parla, de 1999 a 2003, comprobó cómo los constructores “entregaban comisiones ilegales” para financiar a Gómez y a su equipo, tanto para costear sus actos políticos como para enriquecer sus bolsillos privados.

Villanueva sostiene que Tomás Gómez intentó comprar su voluntad prometiéndole 3 millones de euros si se avenía a amañar la adjudicación y construcción de 500 viviendas sociales. Este exconcejal pone el acento en la entrevista en cómo los vecinos de Parla han sufrido “enormes sobrecostes» al comprar sus viviendas sociales precisamente porque ese plus permitía abonar los sobornos del equipo de Gómez.

En un descarnado lenguaje de novela negra, narra tanto cómo se realizó esta oferta para comprar su silencio como la indignación de los promotores de los sobornos al comprobar como Gómez y sus lugartenientes, Fraile y Jurado, “ni siquiera daban las gracias” cuando recibían los cheques.

En este ambiente de pillería política Villanueva desvela que frente a todas las apariencias de rivalidad Tomás Gómez y Francisco Granados eran amigos y conocedores de sus puntos de convergencia en los negocios: léase sus intereses o negocios con los constructores Marjaliza y Cid.

Todo ello explica la tibia actuación del asesor jurídico y exconcejal de Urbanismo de Gómez, Wilfredo Jurado, contra el Gobierno madrileño al verse implicado en el caso del espionaje, en cuya primera fila estaba Francisco Granados como consejero de Interior.

Villanueva también vierte todas sus sospechas sobre la oportuna ausencia de Gómez en la Junta de Gobierno del 22 de diciembre de 2006 del Ayuntamiento de Parla que modificó al alza el contrato del tranvía de esta localidad. El interventor había advertido que el Ayuntamiento no era competente para asumir tal sobrecoste. Era un acto ilegal. Gómez ese día faltó. Estuvo cantando villancicos. Villanueva no le cree: “Siempre fue a todos los plenos”. Sospecha que quiso dejar en la estacada de violar la ley a sus subordinados.

Cuando se dicta una resolución ilegal a sabiendas se llama prevaricación y cuando tal acto daña las arcas públicas se apellida malversación. Esto fue justo lo que, según los investigadores, hizo el equipo de Gómez: modificó al alza un contrato que no podía alterar legalmente. Y ésa es la piedra angular del ataque de la fiscalía, el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas. Un contrato que se ha triplicado hasta rondar los 300 millones.