El juez sospecha que González se repartió una mordida de 2,7 millones tras vender un call center

El juez del caso Lezo investiga si Ignacio González se repartió una presunta comisión de 2,7 millones de euros tras la venta de acciones de una empresa del sector de los call centers (centro de llamadas) del Canal de Isabel II en el año 2008.

En un auto emitido por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se admite a trámite la denuncia presentada por el Canal de Isabel II contra el expresidente de la Comunidad de Madrid y otras 4 personas relacionadas con la empresa pública del agua y las sociedades implicadas en la operación.

El Canal de Isabel II describe la venta de acciones de GSS Line SL a la italiana Omnia Service Center SAP en el 2008 y cómo el segundo pago de la operación, cifrado en unos 2,7 millones de euros, nunca llegó a ser realizado por esta segunda mercantil al propio Canal.

En la denuncia, se solicita que esta venta se investigue en el marco del caso Lezo al entender que «los hechos que describe relativos a la compra por parte del ente público Canal de Isabel II de participaciones en el capital social de la Mercantil GSS Line SL y su posterior transmisión a la sociedad Omnia Service Center SAP, pudieran ser constitutivos de delito».

«De conformidad con el Ministerio Fiscal, procede admitir a trámite la denuncia presentada por el Canal de Isabel II, y dirigir la imputación contra todas las personas que el mismo identifica como denunciados» señala el auto del magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional.

El juez justifica su admisión a trámite «al entender que los hechos pudieran ser constitutivos de delito», compartiendo así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Además, se da nuevamente traslado de su resolución al Ministerio Fiscal para que informe en relación a las diligencias a practicar.

«Dinero B liberado» para blanquear

En un informe reciente que avanzaba este diario, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que Ignacio González se valió de “dinero B liberado”, es decir, dinero negro disponible, para acometer presuntos delitos de blanqueo de capitales a través de “la compra de sociedades y la adquisición de participaciones en distintas empresas” en el marco del caso Lezo.

El Ministerio Público recuerda el presunto delito de blanqueo de capitales que se imputa a González y a su mujer Lourdes Cavero, que habrían “aflorado fondos de ilícita procedencia que, como se describe a lo largo de esta causa, Ignacio González percibió a través de la realización de actividades ilícitas como las investigadas”.

“De lo actuado hasta el momento”, añadía el escrito de la Fiscalía, “se desprende que Ignacio González poseía importantes cantidades de dinero en metálico, que el propio investigado tildaba como ‘dinero B’, para cuyo afloramiento se sirvió de diversos mecanismos utilizados habitualmente en operaciones de blanqueo, entre los que se encontraba la compra de sociedades y adquisición de participaciones en distintas empresas”.

En este contexto, el Ministerio Público recuerda la “adquisición de sociedades utilizando personas interpuestas que, aparentemente, invierten en las mismas es uno de los instrumentos habituales utilizados en operaciones de blanqueo”.