González y su banda robaron dinero del Canal de Isabel II con «asesorías fantasma»

La investigación de las irregularidades cometidas por el ex presidente madrileño Ignacio González al frente del Canal de Isabel II continúa avanzando. Las pesquisas en el marco de la ‘Operación Lezo’ apuntan ahora a los millones de euros adjudicados durante años por la empresa pública del agua en concepto de «asesoramiento jurídico» a decenas de despachos de abogados en España.

Según ha podido saber OKDIARIO, la Fiscalía Anticorrupción investiga la adjudicación que realizó González de al menos 8,5 millones de euros en concepto de «asesoría jurídica» entre 2003 y 2012. Los contratos fueron adjudicados a 40 despachos de abogados de España, muchos de ellos de gran prestigio a nivel nacional. Las pesquisas se centran en los contratos, cuya documentación «no existe o no aparece».

Este diario desvelaba recientemente la existencia de un extenso informe reservado de la firma de abogados Cuatrecasas, donde se denunciaban las irregularidades en el proceso de compra de la filial colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II. Aprovechando esta información, la oposición en la Asamblea de Madrid presentaba este jueves una ampliación de su denuncia  ante la Fiscalía Anticorrupción sobre los presuntos delitos cometidos durante la gestión de la empresa pública.

En la denuncia presentada por los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos y C´s, aseguran que el Canal de Isabel II «ha venido contratando con diferentes despachos profesionales asesorías sobre diversas cuestiones. Dada la cuantía de algunos de estos contratos (en su mayoría sin concurrencia pública) y la imposibilidad de conseguir los trabajos a que dieron lugar estas asesoría, ya que se ha respondido a los requerimientos parlamentarios que no hay ningún documento, o sea, que se trataría de ‘asesorías verbales’, consideramos oportuno trasladar las cuantías de los citados contratos».

«Todo ello», asegura la denuncia, «con la finalidad de averiguar si ha habido malversación en la utilización de fondos públicos para contratar trabajos que no se pueden acreditar y/o si hubo razones de otro tipo para contratar con estos despachos y si los procedimientos de contratación han sido conformes a la Ley».

El escrito recuerda que «varios de estos contratos, fueron encargados por la investigada Fernanda Richmond». Precisamente, la ex directora financiera del Canal de Isabel II fue detenida en el marco de la ‘Operación Lezo’ y el juez Eloy Velasco le impuso una fianza de 4 millones de euros.

Los grupos de la oposición de la Asamblea de Madrid entregaban al Ministerio Público un listado con la cuantía total de los contratos adjudicados por el Canal de Isabel II entre 2003 y 2016 a 40 despachos de abogados y cuya cuantía total alcanza los 11,5 millones de euros.

Los contratos con Rodríguez Sobrino

Precisamente, algunos de los contratos que suman un total de 700.000 euros fueron a parar al despacho de abogados de Edmundo Rodríguez Sobrino, mientras era presidente de la filial colombiana del Canal de Isabel II, Inassa. Rodríguez Sobrino, Abogados, emitió al menos 6 facturas de 20.430, 126.846, 180.669, 163.483, 166.272 y 41.232 euros respectivamente, entre 2004 y 2009.

Una parte de estos 700.000 euros los recibió en concepto de sueldo como presidente de la filial colombiana y otra en concepto de «asesoramientos jurídicos diversos». Fuentes del caso afirman que la Comunidad de Madrid aún «sigue recabando más posibles facturas por estos supuestos asesoramientos que en numerosas ocasiones», denuncian, «eran verbales y no existe documentación alguna». 

Precisamente, la empresa Inassa, presidida por Rodríguez Sobrino, adquirió para el Canal de Isabel II a través de una sociedad uruguaya la filial brasileña, Emissao, por 21,4 millones de euros en 2013, y un año después el valor de dicha filial apenas alcanzaba los 5 millones. Una adquisición que desembocaba en la «Operación Lezo» con la detención de González y de Rodríguez Sobrino, entre otros.

En el marco de esta investigación, se investiga también la propia adquisición de Inassa por 83 millones de euros, efectuada a través de Panamá mientras Alberto Ruiz Gallardón presidía la Comunidad de Madrid. Sólo un año antes, una auditoría había tasado el valor de la filial colombiana en una cantidad 10 veces menor.

Edmundo Rodríguez Sobrino era considerado el hombre de la máxima confianza de Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica como presidente la filial colombiana Inassa. El juez Velasco ordenaba el pasado día 21 su ingreso en prisión sin fianza, tras haber acumulado evidencias de que pudo beneficiarse del pago de comisiones de la empresa pública en Panamá, Haití, Colombia y República Dominicana.

El magistrado sospechaba además que llegó a ocultar una parte de su patrimonio utilizando a su propia hija como persona interpuesta y posteriormente, trascendía que se acogió a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar más de 402.000 euros que tenía depositados en Suiza.

Los investigadores sospechan que la familia de Rodríguez Sobrino posee una vivienda en Barranquilla (Colombia), otra en Puerto Plata (República Dominicana), otra en Londres y cuentas corrientes en el Reino Unido y la Isla de Jersey, que opera como un paraíso fiscal.

Edmundo Rodríguez Sobrino, tras ser detenido por la Guardia Civil. (Foto: EFE).