El juez deja en libertad a Oleguer Pujol y le retira el pasaporte pese a que el fiscal pedía cárcel

Oleguer Pujol no ingresará en la cárcel, aunque la Fiscalía Anticorrupción había solicitado su prisión provisional sin fianza. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha decidido retirarle el pasaporte y prohibirle salir del territorio nacional sin previa autorización judicial. También tendrá que comparecer cada 15 días.

De la Mata ha adoptado esta decisión tras tomarle declaración este jueves por la mañana durante 4 horas. El benjamín de los Pujol recibía la notificación por la tarde tras la celebración de una vistilla a la que había sido citado a las 16:30 horas. La decisión se anunciaba casi 3 horas después.

En su auto, el juez de la Audiencia asegura que no existen elementos que revelen la existencia de un riesgo concreto de fuga y destaca que el investigado tiene arraigo «notorio» en España, donde tiene la familia, las relaciones sociales y profesionales y que no consta que haya faltado a llamamientos judiciales, ni indicios de que pueda hacerlo en el futuro.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido al juez el ingreso en prisión sin fianza del hijo menor del ex presidente catalán. Según fuentes judiciales, esta decisión podría haber sido motivada tras la llegada del nuevo Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ya que se adoptó antes de navidad.

De la Mata añade que se han analizado oficios de la UDEF y se han tramitado comisiones rogatorias internacionales en las que la Fiscalía, en ningún momento, cursó petición alguna en relación con la situación personal del investigado, «ni se ponderó la existencia de los riesgos que se habían detectado cuando iban a practicarse las entradas y registros o los que ahora se indican».

Además el magistrado asegura que «no se aprecian elementos nuevos que permitan afirmar razonablemente que en este momento concurre un peligro nuevo no valorado, fundado y concreto, de destrucción de fuentes de prueba, o de capacidad de influencia sobre otros investigados o testigos que no haya tenido ocasión de desarrollar durante todo este tiempo».

Concluye el magistrado destacando que existen medios de investigación que han de permitir evaluar la conducta del investigado y comprobar si, maniobra para ocultar fondos de procedencia ilícita o si, por el contrario, «se limita a acometer actividades lícitas con fondos ya regularizados ante la Hacienda pública, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales en que haya podido incurrir con anterioridad».

Al benjamín del clan Pujol se le imputa indiciariamente un delito blanqueo de millonarias comisiones obtenidas en la operación de compra-venta de 1.152 sucursales del Banco Santander en el año 2007.

Hubiera sido el primer miembro del clan Pujol en ingresar en un centro penitenciario mientras se investiga el patrimonio de la familia, una decisión judicial justificada por la continuación del delito y por las “maniobras de opacidad” detectadas según el Ministerio Público.

Según los fiscales del caso el blanqueo se seguiría produciendo en la actualidad, lo que justificaría la aplicación de la citada medida cautelar de prisión provisional sin fianza por reiteración delictiva.

En el auto en el que se le citaba a declarar este jueves, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 afirmaba que el hijo menor del matrimonio Jordi Pujol y Marta Ferrusola firmó en noviembre de 2007 un contrato de compra de las sucursales del Banco de Santander por un total de 2.012.889.663,99 euros más 317 millones de euros de IVA, actuando en representación de la sociedad limitada Samos Servicios y Gestiones.

En la operación también participaron los hijos del financiero Javier de la Rosa, Javier y Gabriela, entre otros, que declararon este miércoles como investigados por delitos de blanqueo ante el juez.

Oleguer demandará a su socio

El propio Oleguer Pujol ha manifestado en sede judicial su intención de demandar a su socio Luis Iglesias, porque asegura que le debe parte de la comisión por la operación inmobiliaria investigada.

El empresario, fundador de la gestora objeto de la investigación, Drago Capital, fue imputado por presunto blanqueo de capitales junto al hijo menor del ex presidente catalán.