El juez Aguirre certifica la injerencia de Rusia en el 1-O y complica que Europa acepte la amnistía

El juez Joaquín Aguirre, instructor del Caso Voloh en el que se investigan desvíos de fondos públicos que habrían servido para financiar los gastos de Carles Puigdemont en Waterloo y pagar viajes de independentistas a Moscú, dictará en los próximos días un nuevo auto -que ya ha elaborado- en el que certifica las injerencias de Rusia en el proceso independentista de Cataluña. Los gruesos indicios de alianza desestabilizadora trabada entre círculos próximos a Putin y el independentismo catalán tiene una gravedad añadida en perspectiva europea. Esa injerencia es una línea infranqueable para las autoridades de Europa, que complica aún más la amnistía diseñada ad hoc por el Gobierno de Pedro Sánchez para sus socios separatistas.

Según ha podido saber OKDIARIO, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona prorrogará la instrucción del caso Voloh, para profundizar todavía más en una investigación penal que compromete de lleno a los líderes independentistas que han forzado la Ley de Amnistía en el marco de los pactos del PSOE de Sánchez con Junts y ERC. Ese auto de prórroga lo dictará previsiblemente esta semana.

Fuentes consultadas por este periódico aseguran que, en dicho auto, el juez instructor también se pronunciará sobre la conexión de Rusia con la revuelta secesionista en torno al 1-O. Tuvo lugar en el otoño de 2017 y condujo a la frustrada declaración de independencia de Cataluña y a la posterior fuga del entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Esa presunta injerencia del régimen de Putin en el órdago separatista catalán es una de las piezas claves en la causa que instruye el juez Aguirre.

Según consta acreditado en el sumario, el día antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), Puigdemont tuvo encuentros con intermediarios rusos, entre ellos el empresario Nikolay Sadovnikov, que es una persona muy próxima a Vladímir Putin. Esas reuniones son de especial significado, ya que, según la investigación dirigida por el juez Aguirre, tuvieron lugar en vísperas del día clave marcado por los líderes secesionistas que diseñaron y lanzaron el 1-0: era la jornada en la que pretendían proclamar e instaurar la República Catalana en 2017.

10.000 soldados rusos

En esta reunión que consta en el sumario del caso Voloh, los intermediarios rusos se ofrecieron a ayudar a pagar con criptomonedas los 77.740 millones de euros de deuda pública que Cataluña tenía con España. El abono se haría efectivo, según esa promesa, una vez que Cataluña impusiera su independencia. También se han recabado indicios que apuntan a que los emisarios del régimen de Putin prometieron a los independentistas 10.000 soldados rusos para que Cataluña, tras la secesión, contase con una estructura militar transitoria hasta que formara su propio ejército tras la secesión.

Esos extremos han sido constatados a partir de una conversación a la que ha accedido la investigación judicial. La reveladora charla la mantuvieron los independentistas David Madí y Víctor Terradellas, ex dirigentes de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya. En este partido, del que fue líder histórico Jordi Pujol, militaron dirigentes independentistas como el propio Carles Puigdemont. Los casos de corrupción que destapó la Justicia llevaron a la desaparición de este partido y dio paso a nuevas siglas, el PDeCAT y Junts.

Aunque el contenido de esa conversación evidencia esas conexiones entre Rusia y el secesionismo catalán, los implicados –Madí y Terradellas– han insistido en minimizar lo que desveló su charla. En su declaración ante el juez, Terradellas pretendió quitar importancia a esa prueba asegurando que Puigdemont «consideró estos ofrecimientos [de Rusia] como una broma de mal gusto y no dio crédito a las ofertas».

Sin embargo, los investigadores han hallado más material que corrobora la ayuda de Rusia en el proceso independentista de Cataluña. En unas conversaciones incorporadas a la causa de Tsunami –muy ligada con el caso Voloh y que instruye en la Audiencia Nacional el juez Manuel García-Castellón–, la Guardia Civil traza la conexión de Víctor Terradellas con el ex consejero de ERC Xavier Vendrell y con el contable de Puigdemont, Jaume Cabaní.

En este apartado, las pruebas apuntan a que buscaron financiación a través de bitcoin para sufragar los gastos del ex president de la Generalitat en Waterloo, donde se encuentra prófugo de la Justicia a la espera de que la Ley de Amnistía le permita regresar a España libre de cargas penales. «Puigdemont me habló mucho de la criptomoneda. Tenemos que ir por aquí», apuntó Terradellas a David Madí en las conversaciones que la investigación ha incorporado al sumario del caso Voloh.

Fuentes judiciales aseguran que, con este nuevo auto, el juez Joaquín Aguirre deslizará con argumentos sólidos la imposibilidad de aplicar la amnistía a los imputados en su causa. Pero también ese mismo razonamiento jurídico podrá ser empleado por García-Castellón en la causa de Tsunami, en la que se investiga a Puigdemont por el delito de terrorismo.

Preocupación en Europa

A Europa le preocupan las injerencias de Rusia en sus países miembros, conscientes de que uno de los objetivos internacionales del régimen de Putin son los movimientos desestabilizadores de democracias occidentales. «Hechos de tal gravedad no serán amnistiables en la Unión Europea», explican a OKDIARIO fuentes que participan de primera mano en las dinámicas de gobierno de la UE. De hecho, el Parlamento Europeo ya se pronunció en enero sobre las injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la Unión Europea.

El Legislativo comunitario reiteró «su preocupación por las constantes revelaciones de financiación masiva rusa de políticos y partidos políticos en una serie de países democráticos, con el propósito de interferir en sus procesos internos; manifiesta su preocupación por la amplia injerencia de Rusia en el movimiento separatista de Cataluña».

Así, en junio del año pasado, el Parlamento Europeo aprobó realizar una «investigación exhaustiva» sobre la injerencia rusa en el procés independentista en Cataluña, apuntando a la amplia presencia del régimen de Putin en movimientos separatistas en Europa. Además, solicitó al Centro Europeo para la Lucha contra las Amenazas Híbridas de Helsinki que realice un estudio sobre este episodio concreto.

Fuentes de la investigación consultadas por OKDIARIO añaden que a Puigdemont se le podría imputar un nuevo delito. Y lo mismo al resto de investigados en el caso Voloh y en la causa de Tsunami. Se trata del delito de traición. Se tipifican como tal las acciones cometidas por un ciudadano español que indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra a España o se concertare con ella para el mismo fin, castigado con la pena de prisión de 12 a 20 años.

Hay que tener en cuenta que, dado el desarrollo de medios tecnológicos ofensivos, el concepto «guerra» ha extendido su perímetro. De ahí que, según diversos juristas, un plan tramado entre los independentistas catalanes y Rusia podría ser objeto de causa penal. En la legislación española, en lo relativo a la traición, se establece como uno de los supuestos perseguibles, por ejemplo, el suministro «al enemigo de planos de fortalezas, edificios o de terrenos, documentos o noticias que conduzcan directamente al mismo fin de hostilizar a España o de favorecer el progreso de las armas enemigas».

Esa amenaza penal es la que explica que Junts y ERC hayan propuesto una serie de enmiendas a la Ley de Amnistía entre las que consta abarcar los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa, ya  que la injerencia rusa en el 1-O complicaría que Europa diera el visto bueno a la ley. Así consta en las enmiendas parciales que presentaron la semana pasada en el Congreso, con el fin de reforzar aún más, a su favor, la proposición de Ley de Amnistía que el PSOE presentó en noviembre. Todo ello para amnistiar más de una década del independentismo catalán, incluidos -entre otros- delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación.