González ordenó al Canal destruir pruebas incriminatorias al saber que la UCO le pisaba los talones

Tan sólo ocho días antes de su detención, el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ordenó a una empleada del Canal de Isabel II de su absoluta confianza que destruyera media docena de expedientes relativos a las operaciones internacionales de la empresa pública que investiga el juez Eloy Velasco.

Esta trabajadora del Canal lo ha revelado ahora a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y posteriormente se ha ratificado en sus declaraciones ante el juez instructor de la Audiencia Nacional, mostrando una plena disposición a colaborar con la justicia.

Según fuentes próximas a la investigación consultadas por OKDIARIO, Ignacio González impartió personalmente las instrucciones de destruir los expedientes, o bien lo hizo a través del que había sido su hombre de confianza en la división del Canal de Isabel II para Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino.

Edmundo, en los papeles de Panamá

Este alto directivo fue destituido como presidente de Inassa en abril de 2015, después de que su nombre apareciera en los papeles de Panamá como titular de cuentas en el extranjero a través de sociedades radicadas en Hong Kong.

En cualquier caso, la orden de destruir la documentación se habría impartido el pasado día 10, tan sólo ocho días antes de que se pusiera en marcha la Operación Lezo en la que ambos han sido detenidos. Ya en aquel momento, Ignacio González tenía conocimiento de que era investigado por la Justicia.

Tal como señala el auto dictado por el juez Eloy Velasco, el ex presidente madrileño supo en el mes de marzo que le estaba investigando la Guardia Civil, por lo que su hermano Pablo González –también detenido en la operación Lezo– solicitó una entrevista con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. Fuentes oficiales del Ministerio del Interior sostienen, sin embargo, que en aquel encuentro no se habló sobre la causa abierta por el juez Velasco.

El tren que nunca llegó a circular

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, los expedientes destruidos el pasado día 10 aluden a operaciones internacionales del Canal de Isabel II como la compra de la filial brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, que dejó un agujero de 15 millones de euros.

Las mismas fuentes apuntan que González también ordenó destruir documentación relativa a otras operaciones por las que cobró comisiones ilegales, como la adjudicación de las obras del tren de Navalcarnero por la que cobró una mordida de 1,4 millones de euros en Suiza.

La obra fue adjudicada a la constructora OHL –cuyo alto ejecutivo Javier López Madrid también se encuentra imputado en la causa–, que ahora reclama a la Comunidad de Madrid 300 millones de euros por incumplimiento del contrato. El tren que debía unir Móstoles con Navalcarnero nunca ha llegado a circular.