La Guardia Civil dice que ANC y Òmnium son una «maquinaria de adulteración social para sembrar odio»

La Generalitat bajo la Presidencia de Carles Puigdemont, junto a Òmnium Cultural y la ANC, han puesto en marcha «una auténtica maquinaria de adulteración social» que se dedica a «sembrar un sentimiento de odio» a España para alcanzar su objetivo: la ruptura del orden constitucional y la independencia de Cataluña. Y esta maquinaria de odio ha estado alimentada sistemáticamente por la Administración autonómica con dinero público.

Estas son algunas de las conclusiones que la Guardia Civil extrae de la hoja de ruta que Carles Puigdemont ha seguido para conducir a Cataluña a un callejón sin salida, fomentando «un permanente clima de confrontación social e inseguridad jurídica», que ha provocado la fuga de las 3.200 mayores empresas de la región.

En su informe dirigido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la Policía Judicial destaca que esta situación de inestabilidad y confrontación no ha sido un daño colateral o inesperado del proceso: por el contrario, los estrategas del independentismo la han provocado premeditadamente  para obligar al Gobierno de Rajoy a negociar las condiciones de la secesión.

Así se desprende de la «hoja de ruta» conocida como EnfoCATs, que fue hallada el pasado mes de septiembre durante el registro de la vivienda de Josep Maria Jové, quien en aquel momento era el número 2 de Oriol Junqueras como secretario general de la Conselleria de Economía y Hacienda de la Generalidad.

El plan: desestabilizar la economía

El documento establecía la necesidad de provocar un «conflicto político orientado a generar inestabilidad política y económica», para obligar al Gobierno de Rajoy a negociar. Este guión se ha aplicado al pie de la letra.

«Conflicto que en su hoja de ruta no rehusarían», explica la Guardia Civil al respecto, «aunque eso esté suponiendo vivir en un permanente clima de confrontación social, de inseguridad jurídica, con fuga de capitales y de empresas, con incertidumbres económicas que en nada han ayudado a atraer inversiones, como la Agencia Europea del Medicamento, con contracción del PIB o con reducción de las tasas de ocupación turística y empleo». Cuanto peor, mejor, para alcanzar sus objetivos políticos.

La Policía Judicial añade que «esa situación fue contemplada en el EnfoCATs como un escenario de conflicto social y económico perfectamente previsto y deseado en caso de que el Estado no aceptase la declaración unilateral de independencia. Por tanto, cabe imputar la responsabilidad de los líderes independentistas que deliberadamente lo han provocado», señala el informe entregado al juez Pablo Llarena.

En esta estrategia se encuadran las dos huelgas generales convocadas por los independentistas para «paralizar Cataluña»: la primera el 3 de octubre, alentada por la propia Generalitat para protestar contra las cargas policiales del 1-O, y la segunda (el 8 de noviembre) convocada por el asesino de Terra Lliure Carles Sastre y respaldada por todas las entidades separatistas (desde ERC a la CUP, la ANC y Òmnium).

El propio Oriol Juqnueras había amenazado en noviembre de 2013 con «paralizar la economía durante una semana», para doblegar al Gobierno y obligarle a aceptar los planes secesionistas. Las consecuencias se comienzan a apreciar ahora.

Pero en esta estrategia también ha sido decisiva la manipulación de la opinión pública, a través de las campañas diseñadas por la ANC y Òmnium, y amplificadas con dinero público por TV3 y toda la constelación de diarios independentistas subvencionados por la Generalitat.

Dañar la imagen de España en el exterior

«Mensajes del tipo España nos roba o España nos agrede», señala la Guardia Civil, «han ayudado enormemente a sembrar un sentimiento de odio para perjudicar la autoridad del Estado y comprometer la dignidad de España y su democracia, que sistemáticamente se denigra en actuaciones tanto dentro como fuera de España, antes gobiernos e instituciones extranjeras y organismo y asociaciones internacionales».

Una labor que ahora desarrolla el propio Carles Puigdemont desde Bruselas (cada vez con menos atención de los medios de comunicación internacionales) presentando a España como un Estado opresor que tiene a «presos políticos» por sus ideas. Algo que desmiente incluso Amnistía Internacional.

En este sentido, la Guardia Civil destaca que el Diplocat y su red de embajadas, bajo la responsabilidad del entonces conseller Raül Romeva, ha actuado como «un grupo de presión» con «decenas de actividades destinadas a difundir el ideario independentista en otros países e influir en sus gobiernos».

«En toda esta actuación ante gobierno extranjeros y organismos internacionales», señala el informe remitido al juez Llarena, «se perjudicaba la autoridad del Estado y se injuriaba la democracia española con el fin de justificar una sedición o rebelión que lograse imponer, llegado el momento, la independencia de Cataluña del conjunto de España».