El Gobierno no respetó el presupuesto ni un mes: lo modificó en enero para gastarse 2.000 millones más

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para este 2023 quedó aprobada definitivamente en las Cortes el 24 de diciembre, con la ratificación por el Senado de las cuentas que habían aprobado en el Congreso la coalición de gobierno PSOE-Unidas Podemos y sus socios radicales e independentistas. El 1 de enero entraron en vigor, pero en cuestión de días el Ejeutivo socialcomunista de Pedro Sánchez empezó a remendarlas unilateralmente para elevar el gasto público. Ni un mes respetó el presupuesto. El 31 de enero ya lo había retocado para poder gastarse 2.018,67 millones de euros más de lo que se había prometido y dejado escrito ante el Parlamento. Según los documentos económicos oficiales recopilados por OKDIARIO, el Gobierno siguió sumando remiendos en las semanas siguientes: en febrero el presupuesto de gastos fue engordado en otros 305,61 millones.

Es decir, cuando la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 sólo llevaba dos meses en vigor, Moncloa ya la había zurcido unilateralmente para incrementar el gasto público en 2.324,28 millones de euros. Es la última cifra presupuestaria certificada oficialmente por Hacienda. Aún no ha facilitado las modificaciones que el gabinete de Pedro Sánchez pudo llevar a cabo en marzo y su importe, en su caso.

Lejos de retocar las cuentas para contener el gasto, el Gobierno se ha apresurado a autoasignarse partidas engordadas en pleno año electoral, por encima de lo que PSOE y Unidas Podemos votaron en el Congreso y en el Senado junto a sus aliados parlamentarios, entre los que se cuentan los independentistas de ERC y los proetarras de Bildu.

Administración paralela

El grueso de estas modificaciones presupuestarias irá a parar a la administración paralela formada por empresas públicas, fundaciones y entes de diverso tipo que cuelgan del Gobierno. Por ejemplo, inyectará en sus organismos autónomos 300,25 millones de euros más de lo que figuraba inicialmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. A la Seguridad Social le dará 290 millones más, lo que significa que, a 28 de febrero pasado, el Gobierno consideraba que este año será imprescindible subvencionar con 39.024,5 millones de euros a la caja de las pensiones para mantenerla a flote.

El Gobierno también ha retocado el presupuesto para aumentar en 64 millones de euros los fondos destinados a empresas públicas y fundaciones estatales. Eso sí, en este caso con un agravante: ha engordado en 672,5 millones de euros las transferencias para gasto ordinario de esos entes, pero ha reducido en 608 millones la partida que había prometido traspasarles para que realizaran inversiones.

Las inversiones, a la cola

Esto es sintomático en las cuentas de Sánchez, que, en su conjunto, este año sólo reservan para inversiones directas el 3% de los Presupuestos Generales del Estado. Los abultados remiendos presupuestarios que ha ido realizando el Ejecutivo desde que empezó el año tampoco han puesto su mirada en reforzar las inversiones. Hasta el 28 de febrero, de esos 2.324,28 millones en los que el Gobierno engordó sus partidas de gastos, sólo 33,86 fueron al capítulo de inversiones directas. Apenas el 1,5% de todas esas modificaciones presupuestarias.

El Ejecutivo también ha engordado la partida de gastos de personal, la destinada a pagar los sueldos y cotizaciones de la plantilla de los distintos ministerios, que incluye a personal administrativo de diversas escalas y efectivos de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Las modificaciones del presupuesto del Gobierno también van destinadas a darle más margen de gasto corriente, el que cubre las facturas por compras, suministros y servicios. Los 6.461 millones que reservó a tal fin la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 no le resultan suficientes al Ejecutivo de Sánchez: en enero y febrero remendó las cuentas para poder consumir en gasto corriente 40,9 millones más.