El ex presidente de la Diputación de Lérida cobró 150.000€ en sobornos e ingresó billetes de 500 en su cuenta

El ex presidente de la Diputación de Lérida Joan Reñé Huguet y su secretaria, Marlen Minguell, experimentaron un enriquecimiento patrimonial «no justificado» de al menos 150.000 euros, gracias a los sobornos que cobraron de una red de empresarios.

El informe que los Mossos d’Esquadra han remitido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata indica que Joan Reñé hizo numerosos ingresos en su cuenta bancaria con billetes de 500 euros. El político convergente pagó en efectivo, por importe de 60.000 euros, las obras de reforma de su vivienda en Barcelona. Estaba tan habituado a manejar dinero negro, que no utilizó su tarjeta de crédito ni una sola vez en tres años.

La Fiscalía de Lérida y la Agencia Tributaria recibieron en 2015 una denuncia anónima que relataba «el cobro de comisiones por parte del presidente de la Diputación de Lérida Joan Reñé Huguet y su secretaria Marlen Minguell, a cambio de la adjudicación de obras. Para ello se utilizan empresas instrumentales a través de un testaferro que emite facturas falsas a las empresas adjudicatarias de dichas obras».

Como presidente del Consell Comarca del Pla d’Urgell, Joan Reñé adjudicó a una UTE encabezada por la empresa M y J Grúas un contrato para gestionar seis depuradoras durante 15 años por 22,5 millones de euros. A cambio, Reñé exigió a estos empresarios una comisión ilegal del 8%.

Esto supondría una mordida de 1,2 millones de euros. Como Hacienda sólo ha detectado en las cuentas de Joan Reñé un «incremento patrimonial no justificado» de 150.000 euros, los investigadores sospechan que una parte de la comisión ilegal estaba destinada a su partido, Convergència (ahora PDeCAT).

El testaferro sacó 3 millones en efectivo

El Juzgado número 1 de Lérida asumió inicialmente la investigación y, en octubre de 2018, ordenó la detención de Joan Reñé, su secretaria y varios de los empresarios implicados. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata estudia ahora incorporar estos hechos al sumario sobre la trama de financiación del 3% de Convergencia, dado que existen numerosas coincidencias en cuanto al procedimiento y los personajes implicados.

Las empresas implicadas (entre ellas, M y J Grúas, Serboniu y Enginyeria Inalba) intercambiaban entre sí facturas falsas, por trabajos que nunca se habían prestado, para justificar las salidas de dinero en efectivo destinadas al pago de las mordidas. La red dirigía el trasiego de dinero a una sociedad de Huesca, Interiorismo y Reformas Profesionales SL, una empresa con un único empleado cuyo propietario, Diego Garzón Uribe, actuaba como testaferro.

Tras recibir las transferencias del resto de empresarios, justificadas con facturas falsas, Diego Garzón sacaba el dinero en metálico para entregarlo, en billetes de 500, en casa de la secretaria de Joan Reñé, Marén Minguell Ortiz. Por este procedimiento, Garzón sacó de las cuentas de la empresa tres millones de euros, destinados presuntamente al pago de sobornos.

El informe elaborado por los Mossos d’Esquadra destaca que a menudo el administrador único de Enginyeria Inalba, Esteve Niuvó Mir, también actuaba como el recaudador de Joan Reñé. El entonces presidente de la Diputación de Lérida no sólo era el más destacado dirigente de Convergencia en la provincia, sino que también mantenía una relación muy estrecha con el ex conseller de Justicia de la Generalitat Germà Gordó, quien con frecuencia era el encargado de negociar las mordidas del 3% para el partido.

Germà Gordó negociaba las mordidas del 3%

Para justificar las disposiciones de dinero en efectivo destinadas al pago de sobornos, esta red corrupta de empresarios emitió facturas falsas por trabajos ficticios a proyectos como la construcción del Canal Segarra Garrigues –una de las mayores obras públicas ejecutadas en Cataluña– o la central termosolar de Les Borges Blanques (Lérida).

Esta obra fue inaugurada por el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas y ejecutada por el grupo Comsa-Emte (participado por la familia Sumarroca, que también está investigada por el pago de comisiones del 3% al partido de Carles Puigdemont y Quim Torra).