Investigación
Menas de Canarias

Éste es el vídeo de la violencia, motines y reyertas durante meses en el centro de menas de Mogán

  • Carlos Cuesta y Luis Miguel Montero

El motín más grave ocurrió hace tres meses. Las condiciones del centro de internamiento en el mes de febrero ya eran insostenibles para los 100 internos. Peleas, fugas, tráfico de drogas… los vecinos ya empezaban a estar hartos de las constantes redadas y llamadas a la Guardia Civil, pero la situación ya es insostenible en Mogán, al sur de Gran Canaria, en Puerto Rico, donde fue ubicado uno de los centros de menas, menores no acompañados que llegan a Canarias y cuya situación está denunciado OKDIARIO desde este lunes.

El 8 de febrero varios menas empezaron a arrinconar el mobiliario sobre las puertas y a arrojar algunos muebles de los apartamentos Puerto Bello, en Mogán, donde se hacinaban por las ventanas, piedras y objetos de todos los tamaños cayeron incluso sobre los coches de los vecinos aparcados en la acera. Cuando la Guardia Civil llegó se encontró con que todo había terminado.

Los vecinos están hartos y denuncian que la zona se ha convertido en un lugar inseguro desde que los apartamentos se destinaron a centros de menores, porque no todos los internos son, ni mucho menos, menores. Además, para empeorar la situación tras el motín del 8 de febrero los monitores y educadores dejaron de ir durante unos días, en protesta por su situación laboral. Un problema con el que tiene mucho que ver la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, adjudicataria de la gestión del centro por e 451.912 euros el de este centro por contrato con el Gobierno canario el 5 de febrero de 2021.

El objeto del contrato fue la «tramitación de emergencia en las actuaciones que sean precisas realizar para la contratación del servicio consistente del dispositivo de atención inmediata a menores extranjeros no acompañados Puerto Rico, sito en el término municipal de Mogán, isla de Gran Canaria, dependiente de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia». 

En la carta que mandaron los trabajadores a Fiscalía de Menores y a la propia Consejería denunciando esta situación ya alertaban de que «en dicho motín se destruyeron mesas y sillas que a día de hoy no se han repuesto» y que los propietarios del hotel «no han podido entrar para arreglar o mejorar el mantenimiento de la instalación».

La violencia llegó a tal extremo que varios monitores muestran en sus carnes las huellas de las agresiones: «Se tiene constancia de que tienen armas o han fabricado armas como cuchillos, espejos rotos, cúters o palos y piedras, las cuales esconden por todo el recinto para defenderse o atacar a otros».

Después del motín de febrero hubo habitaciones que estuvieron durante varias semanas sin cristales «ya que la situación se prolongó en el tiempo ya que el director en aquel entonces ordenó al único trabajador de mantenimiento que había que pintar y acondicionar su nuevo despacho, posponiendo la reparación de las habitaciones que seguían estando ocupadas por menores», según denunciaron los trabajadores.

La última reyerta tuvo lugar en mayo de este mismo año y llegaron a ser detenidos por la Guardia Civil siete menores y dos adultos del centro. Varios agentes también resultaron heridos. No era la primera vez, en enero fue detenido un menor por resistencia a la autoridad cuando se intentó identificarlo por protagonizar varios incidentes dentro del establecimiento.

Una piedra en el coche de un vecino.

Durante esa misma intervención la Guardia Civil se incautó de varios cuchillos de grandes dimensiones y fabricación casera. Además, se dictó orden de búsqueda y captura contra otros dos inmigrantes que ya habían agredido a los agentes en otros incidentes durante la última Nochevieja.

En aquella ocasión los tres menores fueron detenidos y se pidió internarlos pero el juez desestimó la petición. Cuando llegó el día del juicio rápido evidentemente los menores no aparecieron. La Guardia Civil llegó a pedir el refuerzo de sus compañeros de los GRS para garantizar su seguridad cuando acudieran a estos centros de menas. La Guardia Civil llegó a advertir a los responsables de este Centro de Puerto Bello de que «los menores no pueden fumar», los agentes también constataron que dentro de las habitaciones había enseres y electrodomésticos de procedencia desconocida.

Mientras todo esto pasa la única voz que ha pedido que se abra una comisión de investigación en el Parlamento Canario para saber la verdad de este centro de menas ha sido la portavoz del Partido Popular (PP) en el mismo, Australia Navarro.