Estas son las tres irregularidades cometidas por el presidente del Tribunal Económico Administrativo

José Antonio Marco Sanjuán, presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), ha cometido dos irregularidades disciplinarias y una tributaria al ser administrador único de la sociedad mercantil privada ‘Investment Betancunia SL’. La Oficina de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses debe pronunciarse para aclarar si Marco Sanjuán es incompatible.

Marco Sanjuán, al ostentar en la administración del Estado un cargo del rango de director general, está sometido a la Ley de Altos Cargos. El artículo 25 de la mencionada ley considera una infracción “muy grave” el incumplimiento de las normas de incompatibilidades. Dicho expediente lleva como consecuencia la destitución del cargo, que debe incoarse por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Además, al ser funcionario, ya que es Inspector de Hacienda, está sometido al régimen disciplinario del Real Decreto Legislativo 5/2015. Esto hace que no pueda tener ningún cargo en una sociedad que sea contratista del sector público incurriendo en flagrante incompatibilidad. Sin embargo, Marco Sanjuán factura a través de ‘Investment Betancunia SL’ a la Universidad de Cantabria mediante contratos menores.

Esto tiene como consecuencia la infracción disciplinaria prevista en el artículo 95.2 n) del citado cuerpo legal, a saber, “el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad”. El artículo 16 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado dice: «La sanción de suspensión de funciones impuesta por comisión de falta muy grave, como es el caso, no podrá ser inferior a tres años».

Además, le correspondería la sanción tributaria por haber facturado sus honorarios como profesor en el máster en Tributación de la Universidad de Cantabria a través de la sociedad mercantil ‘Investment Betancunia SL’. Marco Sanjuán tributó por Impuesto de Sociedades en lugar de por IRPF. Esto le hizo para pagar menos al fisco, al encontrarse en el tipo máximo de tributación, dado su alto sueldo. Sin embargo, la sociedad tributa por un tipo fijo, en la actualidad el 25% del beneficio generado.

En este caso, la sanción es económica, con una multa fija o proporcional sobre la cantidad defraudada. En el supuesto de sanción muy grave, la multa puede ser del 100% al 150% de la cantidad que se ha dejado de ingresar, en función del perjuicio económico causado a la Hacienda Pública.