Denuncian ante la UE que la Generalitat ha gastado 27 millones en su red de «embajadas» para denigrar a España

Las asociaciones Catalunya Peuple d’Espagne (CPDE) y Politeïa (integrada por agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y Policías locales) han dirigido al presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, un informe en el que denuncian que el presidente Quim Torra gasta cientos de miles de euros para denigrar a España a través de la red de «embajadas» de la Generalitat en el exterior.

La asociación suiza Catalunya Peuple d’Espagne (Cataluña Pueblo de España), fundada en Lausanne y presidida por el ex militar François Meylan, tiene como finalidad «luchar contra el nacionalismo y el supremacismo en la autonomía catalana, en España y en toda Europa», explica en su escrito; «como parte de nuestras investigaciones sobre el aparato separatista catalán y sus actividades delictivas, e incluso criminales, queremos llamar su atención y la de los miembros de la Unión Europea (UE) sobre el carácter pérfido de las falsas embajadas catalanas».

«En primer lugar», añade, «no sirven a los intereses de toda la población catalana, sino al aparato separatista. Las misiones reales de estas ‘falsas embajadas’ son las siguientes: 1. Impulsar una campaña de denigración sistemática contra la democracia española. 2. Vender la ilusión de que la autonomía catalana es un Estado y que funciona como tal. 3. Comprar influencias en el país anfitrión», utilizando siempre para ello dinero público. Esta red de «embajadas» ha costado 27 millones de euros públicos desde 2011.

Meylan explica en su escrito que la supuesta «embajada» de la Generalitat en Ginebra es un auténtico fraude. Se trata de una oficina alquilada, y completamente vacía, en el edificio de coworking Multiburo SA. Ante la falta de personal propio, la recepcionista del edificio pide los datos a los visitantes y les comunica que el representante de la Generalitat se pondrá en contacto con ellos algún día, si es posible.

Nadie conoce al «embajador» en Ginebra

La asociación que preside François Meylan ha podido constatar que esta «representación» exterior de la Generalitat no está reconocida por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (FDFA) del Gobierno suizo, que jamás ha oído hablar de ella. Y pese a ello, el delegado de la Generalitat en Suiza, Manuel Manonelles, cobra un sueldo público de más de 80.000 euros anuales.

A juicio de la asociación Catalunya Peuple d’Espagne (CPDE), esto sitúa a la delegación de la Generalitat «en un terreno de sombra que permite actividades legales e ilegales. ¿El Departamento Federal de Asuntos Exteriores también permitiría la apertura de una ‘embajada de la República de Córcega’, un ‘Consulado de Crimea’ o incluso uno de la ‘República de California’?», se pregunta en su escrito dirigido al presidente del Parlamento europeo.

Meylan recuerda que estas «embajadas» de la Generalitat actúan fundamentalmente como «una poderosa palanca de propaganda» del proceso de independencia, pagada con dinero público: «son millones de euros, pagados por todos los contribuyentes catalanes y españoles, que han sido desviados de sus fines iniciales» por parte de la autonomía española más endeudada.

Así lo ha constatado el Tribunal de Cuentas, en el que determina que la práctica totalidad de las actividades desarrolladas por estas embajadas en el exterior están destinadas a un fin ilegal: captar apoyos internacionales al proceso de independencia de Cataluña. De hecho, el Tribunal de Cuentas ha constatado que la Generalitat de Carles Puigdemont utilizó sus delegaciones en Ginebra y Bruselas para camuflar los pagos a los «observadores internacionales» del referéndum ilegal del 1-O.

Los «observadores internacionales» del 1-O

Según el informe del órgano fiscalizador, la Generalitat gastó ilegalmente 548.989 públicos para comprar tres grupos de «observadores internacionales» con el fin de que avalaran el resultado del referéndum de independencia. De esta cantidad, 305.789 euros fueron abonado por el «consorcio de diplomacia pública» de la Generalitat, el Diplocat, y otros 243.200 por sus delegaciones en Ginebra y Bruselas.

El delegado de la Generalitat en Ginebra, Manuel Manonelles, adjudicó en agosto de 2017 un contrato de asesoramiento de 172.400 euros al instituto holandés The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), dirigido por Daan Everts, sobre “retos y tendencias globales así como de la paz y de la seguridad en el entorno multilateral”.

Comenzando por su título, toda la tramitación de este contrato fue un fraude: se trataba de los pagos para que varios miembros del instituto HCSS actuaran como «observadores internacionales» del referéndum ilegal, con dietas, alojamiento y desplazamientos pagados con dinero público. Una parte del precio convenido fue abonada por la delegación de la Generalitat en Bruselas, para intentar burlar los controles del Ministerio de Hacienda, que había intervenido las cuentas del Ejecutivo autonómico.