El CNI pidió a la Guardia Civil que abandonara la investigación de las urnas del 1-O

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pidió al Ministerio de Interior que la Guardia Civil abandonara la investigación que había emprendido para encontrar las urnas del referéndum del 1-O.

Durante las semanas previas a la consulta, la Guardia Civil logró asestar varios golpes a los organizadores del referéndum ilegal. En las sedes de la empresa Unipost en Hospitalet y Terrasa, los agentes intervinieron el 19 de septiembre cerca de 50.000 envíos postales, con los que la Generalitat pretendía convocar a los miembros de las mesas electorales.

Al día siguiente, la Guardia Civil requisó 10 millones de papeletas en la nave de un empresario en Barcelona. Y una semana después, fueron incautadas 2,5 millones de papeletas y cuatro millones de sobres en otra nave en Igualada.

Estas intervenciones fueron posibles, en buena medida, gracias a que las fuerzas de seguridad del Estado contaron con la colaboración de algunos mossos constitucionalistas, que accedieron a facilitar información al Ministerio de Interior.

La previsión del CNI falló

Pero el secreto mejor guardado seguía siendo el escondite de las urnas. En este sentido, Interior y el CNI habían recibido varios chivatazos, que apuntaban a que las urnas podían estar ocultas en determinadas naves industriales, en la Zona Franca del puerto de Barcelona o incluso a bordo de un barco.

Sin embargo, el CNI contaba con su propia línea de investigación encaminada a desbaratar la organización del referéndum. Hasta el punto de que, pocas fechas antes del 1-O, los servicios de inteligencia hicieron llegar a Presidencia del Gobierno su petición para que la Guardia Civil abandonara las pesquisas de búsqueda de las urnas, por considerar que podía entorpecer su propia investigación.

El CNI había transmitido a Presidencia del Gobierno otra previsión que resultó errónea: sostenía que entre el 90 y el 95% de los Mossos estaban decididos a cumplir al pie de la letra la orden judicial de impedir la celebración del referéndum.

Como ha informado OKDIARIO, 48 horas antes del referéndum ilegal ya habían llegado al Ministerio de Interior claras señales de lo que podía ocurrir el 1-O. Los Mossos constitucionalistas comunicaron que las directrices impartidas por Josep Lluís Trapero se traducirían en una completa pasividad a la hora de cumplir la orden judicial de clausurar los colegios electorales.

Órdenes de Trapero para burlar a la juez

Por escrito, Trapero especificó que los agentes no intervendrían en los colegios si había personas vulnerables en los colegios (como niños o ancianos), o si se producía un tumulto en el que se pudieran causar daños personales.

De este modo, durante el fin de semana previo al 1-O, la ANC y Òmnium movilizaron a sus voluntarios para «ocupar» los colegios electorales. El hecho de que Trapero enviara sólo a una pareja de mossos a cada centro electoral demuestra que nunca existió una auténtica voluntad de cumplir la orden judicial de precintar las instalaciones.

A partir de las 5 de la mañana del 1-O, los voluntarios de la ANC y Òmnium comenzaron a llegar a los colegios electorales, portando las urnas. Entre aplausos, y ante la pasividad de los Mossos. Se despejaba así el principal misterio del referéndum: la mayoría de las urnas habían permanecido ocultas en casa de los voluntarios. Y en algunos casos, en el domicilio de cargos públicos de ERC y la CUP.

La pasividad de los Mossos dirigidos por Josep Lluís Trapero condujo así a la Guardia Civil y a la Policía a una encerrona: sus agentes se vieron obligados a intervenir cuando ya se había iniciado la votación, ante una marea de independentistas que custodiaba los centros electorales.

La trampa del «censo universal»

La anuncio de última hora de Carles Puigdemont de establecer el «censo universal» (en la práctica se tradujo en que cada ciudadano podía votar cuantas veces quisiera, en distintos colegios) hizo que resultaran inútiles los esfuerzos de la Policía y la Guardia Civil para retirar las urnas de los centros electorales.

La deslealtad de los Mossos dirigidos por Trapero, que incumplieron abiertamente la orden judicial, el engaño de la Generalitat y la falta de coordinación entre el CNI y la Policía y la Guardia Civil, permitieron que Puigdemont pudiera llevar a cabo su referéndum ilegal. Y que anunciara días después el resultado de un escrutinio que ha carecido de cualquier supervisión, garantía legal y credibilidad.