Un alto cargo de Sánchez bloquea la licencia del Canto del Pico para captar fondos de la UE

Santiago Fernández Muñoz, el alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez que gestiona los Fondos Europeos, es el cerebro de la operación diseñada por Moncloa para torpedear el plan turístico de lujo en la sierra madrileña: un hotel de cinco estrellas en el Palacio del Canto del Pico, ubicado en Torrelodones. Fernández Muñoz fue concejal del Ayuntamiento de ese municipio, donde se encuentra el inmueble, y hoy, según fuentes municipales de la oposición, está boicoteando la construcción. Este megaproyecto fue aprobado en 2019 por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de una resolución de la Dirección General de Urbanismo que ha sido desvelada en exclusiva por OKDIARIO.

El motivo del boicot del tándem conformado por Moncloa y el Ayuntamiento de Torrelodones, gobernado por Vecinos por Torrelodones (VxT), una marca blanca del PSOE, se debe, según fuentes municipales consultadas por este periódico, al cobro de una partida millonaria que está prevista en los fondos europeos dedicados a la reconstrucción de edificios históricos. De esta manera, el alcalde Alfredo García-Plata obtendría una elevada dotación económica para el municipio y, además, «se pondría la medalla de haber recuperado un emblema del franquismo».

Santiago Fernández Muñoz es, desde enero de 2021, el alto cargo de Sánchez que gestiona los fondos europeos. En concreto, la responsabilidad que ostenta es la de Jefe de la Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un cargo que cuelga de la secretaría general de Asuntos Económicos y G-20 que, a su vez, depende del gabinete de la Presidencia del Gobierno. Varios años antes, entre 2011 y 2019, Fernández Muñoz fue concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrelodones.

Durante su etapa como edil en el municipio de la sierra de Madrid coincidió con su esposa, Elena Biurrum, que era la alcaldesa. Hoy, Biurrum, también forma parte del gobierno de Pedro Sánchez. Es la directora del Gabinete del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el socialista José Luis Escrivá. De hecho, cuando a comienzos de 2020 abandonó la Alcaldía de Torrelodones dejó como sucesor al hoy alcalde, Alfredo García-Plata.

El pasado 25 de septiembre de 2019, la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid emitió una resolución en la que autorizaba la construcción de un hotel de lujo en el Palacio del Canto del Pico. “En base al informe técnico precedente, y en aplicación del planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Torrelodones, procede informar favorablemente el uso de la calificación urbanística solicitada para ‘hotel con dotaciones complementarias en la finca Canto del Pico’”. Un permiso que se ha otorgado para la construcción sobre una finca ya edificada. Sin embargo, en la actualidad, el alcalde Alfredo García-Plata tiene planeado denegar la licencia y los permisos necesarios. A cambio, ofrece a los propietarios del inmueble una permuta que estos rechazan.

Un pufo de 100.000 euros

Tal y como publicó OKDIARIO en junio de 2020, Santiago Fernández Muñoz, hoy ‘fiscalizador’ de los fondos europeos de Moncloa y entonces concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrelodones dejó un pufo de 100.000 euros junto con su esposa Biurrum, entonces alcaldesa del municipio, antes de abandonar la sierra madrileña. Según una denuncia del PP, el entonces edil dio orden de devolver 100.000 euros a un proveedor saltándose varios procedimientos y haciendo oídos sordos a dos sentencias en contra. Fernández actuó de forma «irregular» y provocó «un perjuicio patrimonial de más de 100.000 euros a las arcas municipales».

Como consecuencia de esta situación, el Ayuntamiento de Torrelodones se vio obligado a convocar una sesión extraordinaria del pleno para revertir la situación. Así, el Consistorio declaró la «lesividad» de esa operación orquestada durante el mandato de la actual mano derecha del ministro José Luis Escrivá. De esta manera, se empleó un instrumento contemplado por la Ley para que las administraciones públicas pudieran anular aquellos actos dictados por sí mismas que perjudiquen al interés público.

Todo comenzó en marzo de 2019, tres meses antes de las elecciones, cuando el equipo de Gobierno publicó una resolución para devolver un aval por algunos incumplimientos del contrato. «El concejal, abanderado de la eliminación de las puertas giratorias y ahora analista de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que lideraba Escrivá), basó su actuación en un sorpresivo informe de un técnico de su departamento que, pese a reconocer que no se habían ejecutado correctamente las obras, recomendó la devolución del aval de más de 100.000 euros», expusieron desde el grupo municipal del PP.

El ex edil de Urbanismo usó esa recomendación de una persona de su confianza para justificar «la devolución del citado importe pese a la existencia de dos sentencias que obligaban al Ayuntamiento a no devolver el aval a la empresa constructora». Por ello, el PP exigió «la depuración de responsabilidades y que se llegue a las últimas consecuencias frente al perjuicio que este concejal ha ocasionado al Ayuntamiento».

El secretario municipal plasmó de forma «demoledora» lo irregular de la decisión, según la oposición: «Pese a sentencia firme y a que el aval ha sido ejecutado, se acuerda la devolución del aval a Destajos SA». Además, la falta de la fiscalización obligatoria del Interventor Municipal es un «quebrantamiento de la normativa aplicable, que conlleva la posibilidad de anular el acto administrativo», denunció el PP.