Acusan a la doctora acosada por López Madrid de autohacerse llamadas amenazantes estando en el Caribe

La Fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid que archive la causa abierta contra el empresario Javier López Madrid por presunto acoso sexual y amenazas contra su dermatóloga, la doctora Elisa Pinto.

El ministerio público esgrime para ello los informes presentados el pasado mes de septiembre por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional, que sostienen que la propia doctora simuló este acoso con teléfonos móviles prepago que ella misma había adquirido.

Pero lo cierto es que las investigaciones que había realizado previamente la Guardia Civil desmontan esta tesis y confirman la veracidad de la denuncia presentada por la doctora Pinto.

Recibió 27 llamadas del mismo número en dos semanas

La dermatóloga denunció que había recibido en su teléfono móvil varias llamadas de carácter amenazante el 2 de enero de 2014, cuando se encontraba disfrutando de unas vacaciones en la República Dominicana. La propia Policía Nacional constató que estas llamadas habían sido realizadas desde la línea telefónica 6**.461973.

Pues bien, un informe elaborado el 19 de noviembre de 2014 por el Equipo de Mujer y Menores (EMUME) de la Guardia Civil ya había constatado que la línea de móvil prepago 6**.461973 fue dada de alta a nombre del empresario Javier López Madrid.

En concreto, la tarjeta prepago de la compañía Lebara Móvil había sido adquirida y activada en un establecimiento comercial situado en la calle Marqués de Zafra de Madrid. El informe de la Guardia Civil añade que la misma tienda había vendido otra línea de móvil con número 6**.265412 –cuyo titular en este caso no pudo ser identificado– desde la que también se realizaron llamadas amenazadoras y de acoso a la doctora Pinto.

En tan sólo dos semanas, desde el 14 de diciembre de 2013 al 3 de enero de 2014, la doctora Elisa Pinto recibió 27 llamadas desde el teléfono contratado a nombre de Javier López Madrid, siempre según el mismo informe de la Guardia Civil.

A 6.000 kilómetros de distancia

Casi todas las llamadas se realizaban desde lugares muy próximos al domicilio y a la clínica en la que trabaja la dermatóloga, tal como demuestra el registro de los repetidores activados por estas comunicaciones.

Y lo que es aún más significativo: las llamadas amenazadoras que la doctora Pinto recibió cuando se encontraba en la República Dominicana, el 2 de enero de 2014, también se efectuaron desde el entorno de su domicilio en Madrid. Precisamente cuando la dermatóloga se encontraba a 6.000 kilómetros de distancia de allí.

A pesar de ello, y de que la compañía telefónica confirmó sin ningún género de dudas la identidad del empresario como el titular de la línea desde la que se efectuaron estas comunicaciones, los informes que ha elaborado luego la Policía Nacional sostienen que la doctora Pinto simuló el acoso.

Como ha informado OKDIARIO, la Policía Nacional asegura en su informe del pasado mes de septiembre que el propietario de la tienda que vendió las tarjetas prepago identificó, mediante un reconocimiento fotográfico, a la doctora Elisa Pinto como una «clienta habitual» que acudía cada dos meses y pasaba 20 minutos navegando por Internet.

Un testigo desmiente el informe policial

Sin embargo, cuando este comerciante de origen hindú fue llamado a declarar ante la juez, el pasado 25 de enero, admitió que no había visto en su vida a la doctora Pinto, que ésta jamás había pisado su tienda y que nunca le había vendido una tarjeta de móvil.

El comerciante explicó que la clienta de la que había hablado a la Policía era una mujer de aspecto suramericano, «de piel oscura, alta y gruesa». Este testimonio, prestado ante la juez, desmonta por tanto otro de los puntos clave del informe policial.

En el curso de la operación Púnica, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron el pasado jueves la vivienda y el despacho de Javier López Madrid, en busca de pruebas de financiación ilegal al PP. Los agentes también registraron la sede del PP madrileño, situada en la primera planta de Génova 13, y realizaron un volcado del ordenador de su ex gerente, Beltrán Gutiérrez Moliner.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga presuntos pagos que el presidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, habría realizado a los populares a través de su yerno, Javier López Madrid. Una de las pruebas en las que se apoya la investigación son las anotaciones incautadas al ex consejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, hoy en prisión.