La abogada general del Estado intentó tapar las responsabilidades políticas por la tragedia de Angrois

El Gobierno de Pedro Sánchez nombró en junio abogada general del Estado a Consuelo Castro Rey, cuya trayectoria había resultado especialmente polémica durante su etapa como responsable de la institución de Galicia.

En aquel cargo, fue la encargada de representar al Estado en el proceso judicial sobre el accidente del tren Alvia en la curva de Angrois (La Coruña), que se saldó con 80 muertos. Consuelo Castro provocó la indignación de los familiares de las víctimas, ya que todos sus esfuerzos se centraron en evitar que cualquier político fuera declarado responsable de la tragedia.

La entonces jefa de la Abogacía del Estado en Galicia defendió la tesis de que el único culpable del accidente era el maquinista, Francisco José Garzón Amo,  que no logró frenar a tiempo para evitar la catástrofe: el tren entró circulando a una velocidad de 200 kilómetros por hora, en una curva en la que la velocidad máxima permitida era de 80.

Sin embargo, la instrucción de la causa ha revelado numerosos datos que apuntan a la responsabilidad de técnicos y dirigentes de Adif, la empresa pública que gestiona la red ferroviaria española.

El trazado más barato, y menos seguro

El presidente de Adif Gonzalo Ferre reveló ante el juez que, tan sólo ocho meses antes de que la línea entrara en servicio, se introdujeron importantes modificaciones en el proyecto: el tramo había sido diseñado con el ancho europeo de alta velocidad, pero se cambió al trazado convencional.

Este cambio abarató el coste del proyecto en 26 millones de euros y permitió cumplir el plazo de inauguración anunciado por el entonces ministro socialista José Blanco. Pero también implicó simplificar las medidas de seguridad: en la llegada a Santiago de Compostela se eliminó el sistema automático de control de velocidad y frenado ERTMS, que podría haber evitado el accidente.

Según explicaron otros testigos, Adif desconectó el sistema automático de frenado ERTMS de a bordo, porque causaba ciertos “retrasos”. El juez instructor de la causa, Luis Aláez, dictó en marzo de 2014 un auto en el que llamaba a declarar como testigos a cinco directivos de Adif, para que explicaran por qué se introdujeron estos cambios en el proyecto.

Como abogada del Estado, Consuelo Castro respondió con un durísimo escrito en el que acusaba al juez instructor de dirigir “una suerte de inquisición general sobre la actividad de Adif”, basándose exclusivamente en “conjeturas, sospechas, elucubraciones y juicios personales”.

Rebajar la pena a Junqueras

La abogada del Estado también acusaba al magistrado de poner en marcha diligencias “innecesarias y reiterativas” que “parecen encaminadas a hacer una indagación en busca de posibles hechos delictivos o de posibles responsables de los que ningún indicio mínimamente sólido existe en este momento”.

En mayo de 2014, cuando el juez instructor decidió imputar a todo el consejo de administración de Adif, Consuelo Castro presentó un recurso de apelación en el que se oponía a depurar las responsabilidades políticas y defendía, de nuevo, que el maquinista del tren Alvia debe cargar en solitario con la responsabilidad de las 80 muertes.

Pese a estos esfuerzos, la tesis de Consuelo Castro fueron finalmente derrotadas. En la causa permanecen imputadas ya siete personas. Entre ellas, el ex director de Seguridad en la Circulación de Adif Andrés Cortabitarte, el ex director de Seguridad de Renfe Antonio Lanchares, y tres técnicos de la empresa pública Ineco, encargada de realizar el análisis de riesgos del proyecto.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha premiado el empeño de Consuelo Castro por tapar todas las responsabilidades políticas del accidente, nombrándola abogada general del Estado. En este cargo, Castro ha destituido ahora a Edmundo Bal, por negarse a rebajar, de rebelión a sedición, los delitos que se imputan a Oriol Junqueras y el resto de golpistas de la Generalitat.

El PSOE premia a los implicados

Otros cargos públicos que también se vieron salpicados por la tragedia de Angrois han sido premiados. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, nombró en julio presidenta de Adif a Isabel Pardo de Vera, quien fue precisamente la directora de obra del tramo de alta velocidad en el acceso a Santiago de Compostela, donde se produjo el accidente.

El propio ex ministro José Blanco, que quiso inaugurar la obra del tren de alta velocidad a su llegada a Santiago de Compostela en diciembre de 2011, pocos días antes de abandonar el cargo, fue rescatado luego por el PSOE para convertirse en eurodiputado en las elecciones al Parlamento europeo celebradas en 2014.

Y el actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha nombrado presidente de Renfe a Isaías Táboas, quien fue secretario de Estado de Transportes entre 2010 y el 2011, cuando se diseñó y entró en servicio el tramo en el que se produjo el siniestro del Alvia.