Uno de los autores de la matanza de los abogados de Atocha será extraditado de Brasil a España

El Tribunal Supremo de Brasil ha dado luz verde a la extradición a España de Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de los abogados de Atocha, ocurrida en 1977. Juliá fue detenido en Sao Paulo el año pasado tras permanecer en busca y captura durante más de 20 años.

La decisión de Brasil, condenado en 1980 por la Audiencia Nacional a 193 años de prisión, se ha tomado por unanimidad y sigue el criterio de la Fiscalía General brasileña.  Los magistrados consideran que la petición de extradición del Gobierno español cumple los requisitos de doble tipicidad y doble castigo y que, además, la causa por la que se reclama a García Juliá no se refiere a crímenes políticos, sino a delitos comunes.

Según la fiscal general, Raquel Dodge, la solicitud de extradición describe adecuadamente los hechos y no fue presentada «con el propósito de hostigar o castigar al extraditado por sus opiniones políticas».

Como integrante del grupo de terroristas de extrema derecha que perpetraron la matanza en un despacho de abogados de Comisiones Obreras en la calle Atocha de Madrid, García Juliá fue condenado como autor material de cinco asesinatos, así como por otros tres asesinatos frustrados y por tenencia de armas.

Tras cometer el crimen, a la edad de 22 años, pasó más de un mes escondido hasta que fue detenido en marzo de 1977 y, posteriormente, juzgado y condenado. En 1991 se le concedió la libertad condicional y en 1994 solicitó autorización judicial para salir de España.

Desde entonces, consiguió mantenerse oculto sin atender al requerimiento judicial formal, residiendo en países como Chile, Argentina, Venezuela y, finalmente, Brasil. Cuando fue arrestado el pasado diciembre, García Juliá utilizaba una identidad falsa de un ciudadano venezolano.

La Audiencia Nacional había mantenido abierta la petición de búsqueda, detención e ingreso en prisión de García Juliá para que cumpliera en España los más de 3.800 días (poco más de diez años) que tiene pendiente de prisión después de que se le revocara la concesión de libertad provisional.