Todo lo que Donald Trump puede hacer antes de abandonar la Casa Blanca: más ceses y caos administrativo

• Iñigo Artola
• Portadista. Redactor de cultura, internacional, política, sociedad y lo que haga falta. Devorador insaciable de series y películas.
• • 10/11/2020 11:32
  • Actualizado: 10/11/2020 12:32

Donald Trump no ha aceptado su derrota en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y con el cronómetro en marcha, el 20 de enero es la fecha tope para que abandone la Casa Blanca, el todavía inquilino actúa como si hubiera ganado los comicios. Así, Trump ha iniciado un periodo de 71 días de incertidumbre total donde todo puede saltar por los aires. En la política presidencial norteamericana hay ciertos acuerdos tácitos no reglados que, a la vista de los últimos cuatro años, Trump no parece querer cumplir. El primero de ellos, aceptar sin pelear el resultado de las elecciones. Por lo pronto, algunos tribunales ya han tumbado la gran mayoría de sus demandas.

Por delante se presentan dos meses y medio en los que Trump podría poner todo patas arriba generando un caos político. Teniendo en cuenta su personalidad voluble y estrambótica, cualquier sorpresa es posible. Cuando George W. Bush ganó las elecciones sobre el entonces presidente Bill Clinton, al llegar a la Casa Blanca se encontró con que algunos ordenadores no tenían la tecla ‘W’. Fue una venganza pasivo-agresiva del equipo de Clinton. Esto podría quedar en una pequeña broma en comparación con lo que puede hacer el equipo de Trump o el mismo Donald. Por lo pronto, el presidente ya se ha negado en rotundo a una transferencia de poder pacífica. A pesar de su negativa a firmar un documento que reglaba ese traspaso de poder, Trump no puede eludir el peso de la ley y finalmente firmó a su pesar. Eso sí, dejó muy claro que no quería ningún tipo de publicidad sobre esa firma.

Durante la campaña, una de sus promesas electorales fue que cesaría al secretario de Defensa, Mark Esper, si ganaba. Este lunes cumplía la mitad de su promesa y Esper ya no está en nómina del Gobierno norteamericano. Se trata de el cargo más importante dentro del ejecutivo de EEUU, con un presupuesto de 598.000 millones de euros, para el que Trump ha propuesto al actual director del Centro Nacional contra el Terrorismo, Christopher Miller.

Pero el de Esper no es el único alto cargo que corre peligro. En las próximas horas podrían ser despedidos la directora de la CIA, Gina Haspel, o el del FBI, Christopher Wray, para quien Steve Bannon, ex jefe de campaña de Trump en la campaña de 2016, pidió su decapitación.

Otro de los puestos gubernamentales que están en la cuerda floja es el Anthony Fauci, uno de sus máximos asesores durante la pandemia de coronavirus. El pasado miércoles 28 de octubre Trump emitió una Orden Ejecutiva en la que se atribuye la potestad de cesar hasta el 20 de noviembre a unos 100.000 funcionarios que «no demuestren el necesario temperamento, perspicacia, imparcialidad y solidez de juicio». Es decir, total libertad para destituir a voluntad cualquier alto cargo.

Además de destituciones y nuevas designaciones en el organigrama gubernamental, Trump todavía tiene el poder en su mano de conceder indultos polémicos como ya hicieron Bush, Clinton o Ford. Además Trump podría intentar concederse a sí mismo un indulto, algo inédito y a priori difícil de conseguir. Lo que sí parece improbable es que Trump indulte al que fuera su abogado Michael Cohen, a quien los últimos meses se ha referido como el «traidor». Pero, ya está asumido, con Trump cualquier cosa puede pasar.

Ha quedado patente que, al menos hasta el próximo 20 de enero, Trump y su equipo van a actuar como si fueran los vencedores de las elecciones. Instalados en esa realidad alternativa a gusto del magnate, Trump y sus fieles amenazan con provocar un caos administrativo en la Casa Blanca por cosas tan básicas como las contraseñas de acceso a ciertos sistemas informáticos, el acceso a los manuales de operaciones de las diferentes unidades que constituyen la Administración Pública o dejar entrar en ciertas salas de edificios gubernamentales.

La Ley de Transición Presidencial establece que es la Administración de Servicios del Estado (GSA por sus siglas en inglés) la que ratifica los resultados electorales y, una vez confirmados, deberá iniciarse la transferencia de poderes. Es decir, una vez que las tres empresas de análisis demoscópicos contratadas por los medios norteamericanos proclaman un vencedor, la Administración inicia el proceso de transferencia. Pero, en estas elecciones esto no ha sucedido: según declaró al ‘Washington Post’ la portavoz de la Administración, Pamela Pennington, «no se ha producido la verificación» de la victoria de Biden. Por consiguiente no se hace la transición. La actitud de Pennington es un eco de del círculo más cercano de Trump. Aunque, al parecer, Melania Trump ya habría tratado de convencer a su marido de que acepte el resultado y abandone la lucha.

Por el momento, el fiscal general norteamericano, William Barr, ya ha autorizado a los fiscales federales a investigar el fraude electoral que Trump denuncia sin pruebas. Trump anunció que pediría recuento de votos en algunos estados aunque todavía no ha llegado ninguna petición. El estado de Georgia ha procedido al recuento pero por iniciativa de su propio gobernador ante lo ajustado de los resultados. Pero en el caso de que el resultado en Georgia cambiara, Biden seguiría siendo el vencedor. Por delante se presentan dos meses y medio en los que, parece, viviremos dos realidades: la de Biden y su victoria electoral, y la de Trump y su mundo alternativo en el que sale victorioso de las presidenciales.

Lo que sí que es una realidad es que Trump podría presentarse de nuevo en 2024 e intentar cumplir así con los dos mandatos, ocho años, permitidos en EEUU.