El Templo Satánico de EEUU se ampara en la «libertad religiosa» para eludir la ley antiaborto de Texas
El Templo Satánico de Estados Unidos, una organización inscrita en el registro de entidades religiosas norteamericanas, ha anunciado su intención de recurrir la nueva ley del aborto aprobada en el estado de Texas. Según los satánicos, la nueva ley viola su libertad religiosa.
El grupo anuncia además su «disposición a ayudar» a cualquiera de sus miembros que esté dispuesto a combatir esta ley y para lo cual está haciendo presión para que se exima de su cumplimiento amparándose en la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de Texas, explica Templo Satánico en su web. Esta ley permite a los nativos americanos utilizar drogas ilegales en sus rituales.
La semana pasada este credo satánico remitió una carta a la administración estatal pidiendo que se permita el acceso a medicamentos abortivos a sus miembros y por tanto estar exentos de la nueva normativa.
«Estoy seguro de que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, se enorgullecerá de ver que las sólidas leyes de libertad religiosa de Texas, que él defiende con tanta fuerza, evitarán que los futuros rituales de aborto sean interrumpidos por restricciones gubernamentales superfluas», dijo el cofundador y portavoz del Templo Satánico, Lucien Greaves, en un mensaje publicado en redes sociales.
“I am sure Texas Attorney General Ken Paxton…will be proud to see that Texas’s robust Religious Liberty laws, which he so vociferously champions, will prevent future Abortion Rituals from being interrupted by superfluous government restrictions"https://t.co/4fjDVwFLps
— Lucien Greaves (@LucienGreaves) September 3, 2021
Los Siete Principios Fundamentales de Templo Satánico prevén que el cuerpo propio «solo debe estar sujeto a la voluntad personal» y que las creencias personales deben ser acordes a «la comprensión científica del mundo».
La nueva ley del aborto texana es una de las más estrictas de Estados Unidos y prohíbe el aborto desde el momento en el que se detecte latido fetal, a partir de las seis semanas de gestación, que a menudo es antes de que la mujer sepa que está embarazada. No prevé supuesto alguno por violación o incesto, aunque sí existe una excepción por «emergencias médicas».
También permite a los ciudadanos presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una mujer embarazada a abortar y prevé recompensas de hasta 10.000 dólares por ello.
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