Santos sugiere a los jueces que la Justicia no debe interferir con «la busca de la paz» en Colombia

La paz en Colombia tiene un precio, y quien lo marca es el presidente de la República. Al menos, eso parece entenderse de las palabras de Juan Manuel Santos en el acto de celebración de los 25 años de la Constitución colombiana. El mandatario ha pronunciado un discurso este lunes ante políticos, jueces y otros representantes de la sociedad de su país, en el que ha adulado a los magistrados, calificándolos como «pieza fundamental» para la paz, al tiempo que los advertía de que debían «ponderar» en su ejecutoria como jueces, los objetivos de «la busca de la paz» con los de la «Justicia y la igualdad».

«Ustedes, honorables magistrados y magistradas, también son pieza fundamental del andamiaje para obtener la paz», ha dicho Santos. «No quiero sugerir –ni más faltaba– el sentido en que deben tomar las importantes decisiones que en este aspecto habrán de tomar. Sólo quiero expresar que la búsqueda de la paz, como derecho y deber transversal y esencial en nuestra Constitución, tiene que ser ponderado con otros derechos como el de la justicia, el de la igualdad», ha añadido el mandatario.

El presidente colombiano firmó el pasado 23 de junio el acuerdo definitivo con las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), bajo la atenta mirada del dictador Raúl Castro, en La Habana. El documento, sellado con un apretón de manos entre Santos y el narcoguerrillero Timoleón Jiménez, alias Timochenko, contempla la práctica impunidad de los crímenes de sangre para quienes los confiesen y colaboren en su esclarecimiento, la elegibilidad política de los hasta ahora terroristas y la equiparación de sus crímenes con las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad y del Ejército colombianos.

Santos y los acuerdos de paz

Antes incluso de la firma de esos acuerdos, el presidente Santos ya había elevado a rango de constitucionalidad lo que se acordara, en una intento de blindarlo a exigencias de las FARC e incluso, impulsó la convocatoria de un plebiscito para que la sociedad colombiana valide, son un simple ‘sí’ o ‘no’ la complejidad de unas negociaciones de más de tres años que deben acabar con más de medio siglo de violencia y extorsiones en Colombia.

Todo ese empeño de Santos –llegando a amenazar incluso con la subida de impuestos si se rechaza su plan– lo ha llevado a un descenso enorme en la valoración de sus conciudadanos, que desean fervientemente la paz, pero no en los términos en los que se está implementando.

Así, según la última Gran Encuesta Colombia Opina, publicada el pasado 1 de julio, el 66% de los colombianos tiene una mala valoración de su presidente, a pesar de que por fin haya logrado la firma de la paz con las FARC y esté impulsando un acuerdo similar con la otra gran guerrilla, el autobautizado Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Que dos tercios de los votantes colombianos tengan mala opinión de su presidente, a pesar de que esté empeñado en la pacificación del país, tiene que ver con que las cifras económicas no acompañan a Santos y a que los colombianos no aceptan los términos en los que se está cerrando los acuerdos –un 56% de los encuestados critica su proceder en la negociación de la paz–.

Y un buena prueba de ello es que el mayor opositor al actual presidente es su predecesor, Álvaro Uribe, hoy senador por el Centro Democrático (CD), es el político mejor valorado por los colombianos, que lo consideran como el personaje que mejor imagen da de Colombia en el exterior.

Los mismos jueces están más que mal valorados por los colombianos en la encuesta de la demoscópica Ipsos. El 80% de los ciudadanos no confía en su labor.

Ahora, Santos está a la espera de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la posibilidad de convocar ese plebiscito para refrendar el acuerdo con las FARC. Entretanto, la oposición rechaza de plano ese procedimiento. Como dijo en OKDIARIO el precandidato presidencial Carlos Holmes Trujillo, «sería una especie de trampa democrática».

En el acto de este lunes, Santos ha recordado delante de magistrados de la Corte Constitucional y otros poderes que las partes esperan «convocar [el plebiscito] para refrendar los acuerdos de paz», y destacó que el mandato original de la Constitución de 1991 era alcanzar la paz en este país azotado por un conflicto armado de más de 50 años.

«El acuerdo que vamos a lograr desarrolla el fin principal de nuestra Carta Fundamental, que no es otro que la búsqueda de la paz. Estamos completando la tarea que nos fijamos hace 25 años», ha dicho, continuando con sus presiones a los jueces.

El conflicto interno colombiano ha involucrado a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, dejando al menos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y casi siete millones de desplazados.