Rodrigo Duterte autoriza a la Policía a matar a los «idiotas» que se resistan a ser detenidos

«Tu deber te obliga a superar la resistencia de la persona a la que estás arrestando… Si él se resiste y es violento… eres libre de matar a los idiotas. Esa es mi orden para tí», ha señalado Duterte a Jovie Espenido, jefe de Policía de una ciudad en el sur donde el alcalde fue asesinado en un ataque antidrogas.

El mandatario filipino ha añadido que «los asesinatos y los homicidios ilegítimos» no estaban permitidos y que la Policía debía sostener el imperio de la ley en el desempeño de sus funciones. Duterte desató la guerra contra las drogas después de asumir el cargo en junio de 2016 tras una campaña electoral en la que prometió usar una fuerza mortal para acabar con el crimen y las drogas.

Miles de personas acudieron este sábado al funeral celebrado en la ciudad filipina de Calocan por Kian Loyd de los Santos, un joven que murió la semana pasada a manos de la Policía durante una operación antidroga, un caso que ha arreciado las críticas contra el Gobierno de Rodrigo Duterte por su guerra contra el ‘narco’.

La marcha funeraria, que se convirtió en una auténtica manifestación, contó con un fuerte despliegue de seguridad para evitar incidentes.

De los Santos, murió la semana pasada en el marco de una macro operación policial contra el tráfico de drogas que se desarrolló en Manila y otras ciudades y se saldó con la muerte de cerca de cien sospechosos –incluido el joven de Calocan– y cientos de detenidos.

La versión inicial de la Policía indica que De los Santos no formaba parte de los objetivos pero otro sospechoso le identificó y fueron a detenerle. «Disparó directamente contra los agentes», por lo que estos respondieron abriendo fuego y le mataron. De acuerdo con el cuerpo de seguridad, encontraron cuatro casquillos de bala y dos bolsas con droga.

Desde que comenzó la campaña antidroga, con la llegada de Duterte al Gobierno, en junio de 2016, más de 9.000 personas han muerto. La Policía asegura que fue en defensa propia pero grupos de defensa de los Derechos Humanos advierten de que se estarían cometiendo ejecuciones extrajudiciales.