El régimen de Maduro purga a 23 fiscales acusados de ser cercanos a la exiliada Luisa Ortega
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado que 23 fiscales han sido detenidos por su presunta implicación en actos de corrupción, como parte de la ofensiva lanzada por el Gobierno de Nicolás Maduro contra autoridades a las que relaciona con la oposición a su régimen.
La agencia de noticias dependiente del Estado AVN ha indicado que estos 23 detenidos formarían parte de la «red de extorsión» supuestamente creada por la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz para «favorecer la corrupción en el sector petrolero», por lo que ya han sido arrestados mil fiscales.
«Creían que podían seguir haciendo lo que se hizo en los años en los que estuvo la ex titular (Ortega Díaz), implosionando este Ministerio Público, convirtiendo esto en un cartel de extorsión», dijo Saab en una entrevista concedida el lunes por la noche a VTV. «Pero aquí no hay intocables», subrayó.
Además, anunció que otras 20 personas han sido detenidas por su presunto vínculo con «las mafias» que han desviado los dólares preferenciales concedidos por el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) «para comprar alimentos y medicinas al pueblo».
Saab enfatizó que «la corrupción es un flagelo que puede hacer mucho daño» a la Revolución Bolivariana. «El fin último de la corrupción es crear un desfalco a la nación y esto golpea no sólo al pueblo, sino a los empresarios», recalcó el fiscal general.
La exiliada fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, aseguró recientemente que cuenta con pruebas que acreditan la “corrupción desmedida” del chavismo y que salpican a varios altos cargos, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, y ha anunciado que entregará dichos documentos a las autoridades de España, Estados Unidos y Colombia para que tomen medidas.
Las acusaciones de Ortega Díaz también se han extendido a su sucesoren la Fiscalía —nombrado por la ilegal Asamblea Nacional Constituyente—, Tarek William Saab, sobre quien pesarían seis expedientes por corrupciónrelacionados con un presunto desfalco en la petrolera estatal (PDVSA). “Podrán haber destruido los expedientes, pero las copias verificadas están en mi poder”, ha avisado, según los extractos del discurso difundidos por medios locales.
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