El Parlamento de Túnez aprueba una ley que perdona la corrupción de la era de Ben Alí

El Parlamento de Túnez ha aprobado este miércoles un proyecto de ley, denominado ‘Reconciliación Económica’, que otorga el beneficio de la amnistía a responsables políticos que fueron acusados de corrupción durante el mandato de Zine el Abidine Ben Alí, lo que ha suscitado enérgicas protestas por parte de la oposición y de activistas.

Los legisladores de la oposición han cantado el himno nacional y han gritado consignas antes de que la sesión parlamentaria fuese temporalmente suspendida. Fuera del edificio, decenas de manifestantes han protestado, coreando que «esta ley no se aprobará» y que se trata de «corrupción encubierta».

Finalmente, la iniciativa ha salido adelante con el apoyo de 177 diputados, en una votación de la que se han ausentado los diputados opositores. «Os felicito por la vuelta del Estado dictatorial y la reconciliación con el corrupto», ha proclamado el miembro del Frente Popular Ahmed Seddik.

El proyecto de ley fue propuesto por el expresidente de Túnez Beji Caid Essebsi y fue enviada al Parlamento en 2015. Sin embargo, el debate al respecto fue postergado tras las críticas que recibió la propuesta original de que pretendía beneficiar a las élites privadas relacionadas con el Gobierno, dado que incluía también la amnistía a empresarios.

Las tensiones han aumentado durante la sesión parlamentaria entre la coalición gobernante y los legisladores de la oposición, que han manifestado que el Tribunal Supremo todavía no ha respondido a la consulta del Parlamento sobre la legalidad de la reforma.

Los críticos a la norma han señalado que se trata de un paso atrás respecto al espíritu de la revolución de Túnez de 2011, que desbancó a Ben Ali y le obligó a huir del país tras semanas de protestas contra la corrupción y la desigualdad. «Esta ley se trata de una contrarrevolución», ha manifestado un miembro de la oposición, Ammar Amroussia.

«Pasar página»

Sin embargo, las autoridades del Gobierno han expuesto que la ley ayuda a pasar página con respecto al pasado, mejorando el clima para la investidura y dando confianza a la administración y a sus altos cargos.

«Ha llegado el momento de detener el aislamiento de esos funcionarios que podrían contribuir a la construcción de un nuevo país», ha afirmado un miembro de la formación gubernamental Nidaa Tounes, Mohamed Souf. «Debemos reconciliarnos, como ha pasado en Sudáfrica y en Ruanda», ha dicho.

A pesar de el consenso entre los partidos laicos e islamistas que ayudaron a la transición democrática de Túnez, el proyecto de ley ha dividido a los tunecinos entre aquellos que quieren olvidar el pasado y los que no toleran la corrupción.

Desde la revolución de 2011, Túnez ha sido considerado un país democrático por los estados occidentales. El progreso económico tunecino ha comenzado a erosionarse, aunque la corrupción continúa siendo el problema principal del país norteafricano.