El Parlamento Europeo investigará el estado de alarma de Sánchez por limitar derechos y libertades

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo investigará el estado de alarma declarado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo ha confirmado la comisión parlamentaria en un documento emitido este martes, al que ha tenido acceso OKDIARIO. El órgano comunitario admite su competencia para decidir si fueron legales las restricciones a las libertades y derechos fundamentales impuestas por el Ejecutivo español durante la situación excepcional decretada el pasado 14 de marzo para combatir la crisis sanitaria del coronavirus.

El asunto ha sido debatido por la Comisión a partir de las solicitudes presentadas por varios ciudadanos españoles. Entre ellas, la del abogado y ex diputado Sergio Santamaría -sobre la transparencia informativa del Gobierno durante el estado de alarma- y las dos registradas por el letrado valenciano José Ortega. Este último presentó sendas quejas ante la institución europea para que investigase el impacto de la gestión del estado de alarma por parte del Gobierno socialcomunista. En especial sobre cómo afectó a los derechos fundamentales de los españoles como el derecho a la libre circulación y las propuestas de confinamiento de los contagiados asintomáticos.

Tras escuchar la posición preliminar de la Comisión Europea sobre este asunto y los argumentos de los distintos grupos políticos del Parlamento Europeo, la Comisión de Peticiones ha decidido que esta petición se mantenga abierta con la única oposición del PSOE y de Unidas Podemos.

La propia presidenta de la Comisión de Peticiones y portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha sido la encargada de impulsar la tramitación de las quejas. La Comisión Europea ha insistido en mantener «una actitud vigilante» hacia la utilización de legislación extraordinaria por parte de los gobiernos de todos los países miembros durante la lucha contra la pandemia del COVID-19.

La Comisión de Peticiones «no sólo se apresta a estudiar las violaciones de derechos humanos del Real Decreto de alarma y las vergonzosas amenazas del gobierno de encerrar a los asintomáticos en campos de concentración», afirma Ortega, sino que «remitirá de oficio las quejas» para su estudio a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.

«En los inicios del encierro, y comprobando que, a mi parecer, el decreto del Gobierno no se ajustaba a la Ley Orgánica de Estados de Alarma, Excepción y Sitio y mucho menos a la Constitución y al Convenio Europeo de Derechos Humanos, pensé en la conveniencia de presentar una queja al respecto ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo» que ahora ha sido admitida a trámite para su investigación, apunta el abogado valenciano.

«Comportamientos preocupantes»

Por su parte, el diputado del Partido Popular en la Eurocámara Javier Zarzalejos ha intervenido en el debate que se ha producido hoy en el seno de la Comisión de Peticiones para defender que la misma siguiera abierta y que el órgano competente iniciase la investigación preliminar preceptiva al respecto, como ha ocurrido finalmente.

Zarzalejos ha explicado que «existen elementos suficientes para investigar algunos comportamientos especialmente preocupantes» que habrían afectado a los derechos y libertades más básicos de los ciudadanos durante la pandemia en España, con incidencia muy relevante en los de expresión e información. «Hay indicios de monitorización» de webs y redes sociales para «neutralizar críticas al Gobierno», ha subrayado. Así como «el filtrado de preguntas» aplicado a los medios de comunicación en las ruedas de prensa de los expertos y responsables políticos y sanitarios; y, «la inconsistencia en los datos facilitados por fuentes oficiales sobre los afectados por la pandemia incluidos el número de fallecimientos”.

Además, ha asegurado que «hay claros ejemplos de que la legislación de emergencia adoptada por el Gobierno durante el estado de alarma se ha usado también para introducir normas y cambios legales que no eran urgentes y nada tenían que con la pandemia».

Por no hablar del «más de un millón de multas» que se han impuesto a los ciudadanos por presuntas «infracciones» a los requisitos establecidos por las autoridades durante el confinamiento: «Lo que parece una cantidad desproporcionada y poco razonable», ha señalado Zarzalejos.

«Europa ha vivido un periodo sin precedentes de restricciones de derechos fundamentales y libertades públicas, pero España ha experimentado el confinamiento más largo y más estricto de toda la Unión Europea, y el mayor impacto en las libertades fundamentales», ha concluido su intervención el eurodiputado popular.

El anuncio se ha conocido en la misma semana en la que el propio Pedro Sánchez anunció a los presidentes autonómicos, durante el transcurso de la decimocuarta videoconferencia celebrada del decreto de alarma, que se levantarán los controles de las fronteras de la Unión Europea a partir del próximo viernes 21 de junio. Con la única excepción del vecino Portugal que mantendrá cerradas las mismas a España, por precaución, hasta entrado el mes de julio.