El Papa aprovecha una audiencia con Santos para invitar a Uribe al Vaticano

Es el primer Papa jesuita. Y eso se nota. La maestría diplomática de Francisco ha vuelto a salir a relucir este jueves. Inmerso en plena gira por Europa tras recibir el pasado sábado el premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos tenía prevista este viernes una audiencia personal con el Pontífice en El Vaticano. Así, y de improviso, en la mañana de este jueves, el secretario de Estado vaticano, monseñor Pietro Parolin, ha llamado al ex presidente Álvaro Uribe para instarle a un encuentro a tres en la Santa Sede, sin dejarle capacidad de reacción a las autoridades presidenciales colombianas.

La autoridad moral del Papa es incuestionable, más en dos políticos de profundas creencias religiosas como son Santos y Uribe. Y Francisco es consciente de que su enfrentamiento político siempre y casi siempre personal queda anulado por una convocatoria del obispo de Roma para limar asperezas.

Nadie ha confirmado oficialmente que la reunión vaya a ser a tres, pero es indudable que la estrategia del Papa Francisco es la de reunir a los dos políticos con mayor ascendencia sobre los colombianos para que traten de acercar posturas, o al menos busquen caminos para rebajar el tono de enfrentamiento político y social que estos días campa en Colombia.

Sin embargo, fuentes conocedoras de la ‘operación’ papal confirmaron a este periódico que el equipo de Juan Manuel Santos trató en la tarde noche de este jueves de frenar el encuentro de Uribe con Francisco. Más allá de la jugada que le supone la posible reunión a tres, el cambio de planes le resta protagonismo como triunfador de la semana tras su Nobel, y centra la atención en su enfrentamiento con Uribe y la mitad de la población colombiana a la que representa.

Y no sólo la atención, sino los esfuerzos. Quién se verá forzado en este encuentro a ceder más, o a mostrar mayor apertura de ideas, es lo de menos. La clave es que la mera convocatoria de Uribe a Roma lo coloca en un lugar similar al del presidente de la República de Colombia y pone en solfa la legitimidad total de los acuerdos implementados a toda velocidad para llegar a Oslo con la firma puesta y el plan en marcha.

El proceso del ‘fast track’

La semana pasada fue aprobado por las cámaras legislativas el segundo acuerdo firmado por el Gobierno y las autodenominadas Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC). El primero había sido rechazado en plebiscito por el pueblo colombiano en una reñida votación que dio la victoria al NO por un estrecho margen (50,2% de los votos).

Después de esta decisión en las urnas, Santos accedió a una serie de encuentros con los representantes del NO, liderados por Uribe y otro ex presidente colombiano, Andrés Pastrana, además de por los tres aspirantes del partido uribista, el Centro Democrático (CD) a la nominación presidencial para las elecciones de 2018 –Carlos Holmes Trujillo, Óscar Iván Zuluaga e Iván Duque–.

Pero esas reuniones sólo sirvieron para crear una frustración mayor. Al mismo tiempo que se acercaban posturas, o eso parecía, en la mesa del «gran diálogo nacional» y en medio de buenas palabras por ambas partes, el Gobierno seguía negociando con los narcoterroristas en la sede habilitada por la dictadura castrista en La Habana.

Y antes de que se cerrara ninguna postura común entre Gobierno y oposición, se selló un nuevo pacto con los extorsionadores, narcotraficantes y asesinos de más de 230.000 personas durante los últimos 52 años en Colombia. Y, es más, el nuevo acuerdo no recogía algunas de las más importantes reivindicaciones de los representantes del NO: se mantenía la elegibilidad política de los narcoterroristas, se sacralizaba la práctica impunidad de los responsables de los peores crímenes y no se solucionaba convenientemente el asunto de la reparación a las víctimas.

Pero lo peor para los uribistas vino con el modo de refrendar el acuerdo. Santos huyó de volver a las urnas. Es más, en su discurso de aceptación del Nobel en Oslo aseguró que había «aprendido la lección» de «no ir a las urnas cuando no es necesario». Y si bien la Constitución no le obligaba, su primera decisión de someter a plebiscito el primer acuerdo lo comprometía a lo mismo con el segundo. Es más, hizo pasar los textos en el Congreso y en el Senado por la vía del llamado ‘fast track’, reduciendo al mínimo los debates.

Uribe ha salido ya para Roma. Ha encontrado un avión, tras pedir permiso al Senado para ausentarse de Bogotá. Viajará durante la noche de este jueves para llegarse «a las 10.00 u 11.00 de la mañana hora de Roma en el Vaticano» y verse con el Papa.

Hace un par de días, hubo quien dio hasta por «muerta la Constitución» de 1991 en Colombia. Y es que la Corte Constitucional dio por válida esa vía, en una nueva muestra, según los uribistas, de la politización de las instituciones al servicio de los designios de Santos. «No estamos contra la paz», defienden, «por supuesto que no; pero estamos contra este pacto que sólo alentará a nuevos crímenes, porque no es legítimo y entrega el país a los narcoterroristas».

El Gobierno de Santos aún tiene pendiente otro proceso de paz, esta vez con el autobautizado Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se verá muy favorecido por la sacralización constitucional de un proceso que ha dividido por la mitad a la sociedad colombiana. Tanto que el Papa se ha visto obligado a esta encerrona a todo un Nobel de la Paz, para que se siente junto a él y frente a su peor rival, Uribe, el político que lo encumbró y que sigue siendo el más valorado por la población de su país, aunque él, Santos, haya logrado el acuerdo con las FARC