El dictador Maduro trata de blanquearse pidiendo a la ONU observadores para sus fraudulentas elecciones

A pesar de que el bloque principal de la oposición ya ha anunciado que no se presentará a las elecciones presidenciales porque «no cuentan con las mínimas garantías democráticas», la tiranía de Nicolás Maduro sigue adelante. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, ha confirmado este martes que ha pedido al secretario general de la ONU el envío de observadores internacionales para los comicios convocados para el 22 de abril.

La semana pasada el gobierno de Caracas anunció haber enviado una carta a Antonio Guterres sobre esta cuestión. «Ayer conversamos con el secretario general al respecto. Esperamos respuesta ahora de Naciones Unidas», dijo Arreaza en una rueda de prensa en Ginebra, donde participa en la reunión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El canciller recordó que la decisión «se tomó en la mesa de dialogo» celebrada en Santo Domingo, aunque de la misma no salió ningún acuerdo entre el régimen y la oposición venezolana. «Pero el gobierno venezolano esta cumpliendo con todas las partes del acuerdo», ha asegurado en referencia al documento rechazado de plano por Julio Borges, representante opositor, y que sí defendió —incluso con una carta de reproche a los demócratas— el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

El dictador Nicolás Maduro adelantó las elecciones presidenciales al 22 de abril, en la que aspira a su reelección, pero en las que la coalición de oposición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió no concurrir.

Por su parte el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el 23 de febrero una resolución en la que pidió a Venezuela aplazar las presidenciales de abril y aprobar un nuevo calendario que asegure un proceso electoral «libre, justo, transparente, legítimo y creíble».

Venezuela atraviesa una profunda crisis institucional —con presos políticos, ataques a la libertad de expresión y desconocimiento de la Constitución por el régimen chavista—, una severa crisis económica —con una hiperinflación proyectada en 13.000% para este año por el FMI— y una escasez crónica de alimentos y medicinas.