La Fiscalía llama a declarar a Lula por un presunto blanqueo de capitales

Lula-Brasil
El ex presidente de Brasil Lula da Silva en un acto público (Foto: AFP).

La fiscalía de Sao Paulo emitió este viernes una orden para que el ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva testifique para aclarar por qué un apartamento supuestamente de su propiedad no fue declarado como patrimonio.

El fiscal Cássio Conserino espera a Lula y a su esposa Marisa el 17 de febrero a las 13H00 GMT para declarar en el marco de «una investigación por lavado de dinero, que incluye el delito de ocultamiento de patrimonio».

Lula, el icónico presidente de izquierda que gobernó Brasil hasta 2010, niega las acusaciones.

«Son infundadas las sospechas del Ministerio Público y son frívolas las acusaciones sobre supuesto ocultamiento de patrimonio por parte del expresidente Lula y sus familiares», sostuvo en una nota el instituto que lleva el nombre del exmandatario y le representa.

El centro de la investigación es un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, 63 km al sur de Sao Paulo, que sería propiedad de Lula aunque en documentos aparece como dueña la constructora OAS, que formó parte del megafraude a Petrobras.

«Tenemos pruebas documentadas, circunstanciales y testigos que afirman que la familia [de Lula] era la dueña del inmueble, que fue incluso remodelado por OAS y le añadieron un ascensor privado para beneficiar al expresidente», indicó el fiscal al diario O Globo del domingo pasado.

«Después de que entregaron el apartamento, tanto Marisa como uno de los hijos de Lula, Lulinha [Fabio LuisLula da Silva], llegaron a pasar algunos días en el inmueble», añadió.

El propietario de OAS Leo Pinheiro, preso por formar parte de la trama de corrupción en la petrolera, también fue llamado a declarar junto al ingeniero responsable de la supuesta remodelación del inmueble.

Para el fiscal Conserino, hay indicios de que los investigados intentaron esconder el nombre de los verdaderos dueños del apartamento, lo que supondría el delito de lavado de dinero, según el diario Folha.

Al ser reelecto en 2006, Lula declaró en su impuesto de renta haber pagado una cuota para este proyecto inmobiliario en la Bancoop, la cooperativa de bancarios que era propietaria de la obra. Por inviabilidad, la obra fue luego transferida a OAS.

 

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