Kim Jong-un ejecuta a 30 funcionarios por las inundaciones de julio en Corea del Norte

Kim Jong-un ha ordenado la ejecución de unos 30 funcionarios por supuestas negligencias políticas durante las inundaciones que asolaron parte de Corea del Norte el pasado mes de julio.

El dirigente norcoreano ya amenazó con duros castigos a las autoridades tras los estragos provocados por el temporal en las provincias de Jagang y Pyongan del Norte, donde miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares, aunque no existe un dato oficial sobre las posibles víctimas mortales.

Tras lo ocurrido, Kim Jong-un destituyó a su ministro de Seguridad Pública y a varias autoridades regionales. Ahora, los servicios de Inteligencia surcoreanos han asegurado que están investigando si también ha habido ejecuciones, ya que han detectado varios indicios.

En concreto, según la cadena TV Chosun, serían entre 20 y 30 los funcionarios que han sido ejecutados a tiros. Entre las potenciales víctimas se encontraría el antiguo líder del partido único en Jagang, Kang Pong Hun.

Los medios oficiales de Corea del Norte, que sí difundieron en su día imágenes de Kim Jong-un supervisando en lancha las zonas anegadas por las lluvias, no han informado en esta ocasión de ninguna medida de represalia más allá de los ceses, aunque no sería la primera vez que el régimen perpetra ejecuciones como castigo político.

Precisamente, hace sólo un mes y medio el Gobierno de Corea del Sur informó de que Corea del Norte había ordenado 30 ejecuciones de adolescentes por ver series surcoreanas que tenían almacenadas en dispositivos USB.

Las leyes de Corea del Norte castigan con ejecuciones y otras penas a los norcoreanos basándose en las tres leyes contra el mal, entre las que destaca la Ley de Rechazo de la Ideología y la Cultura Reaccionarias, que sería en la que se amparó el país comunista para matar a los 30 jóvenes.

La Ley de Rechazo de la Ideología y la Cultura Reaccionarias del Norte, promulgada en diciembre de 2020, ordena la pena de muerte para quienes distribuyan medios de comunicación surcoreanos y hasta 15 años de prisión para los espectadores. La ley también apunta a libros, canciones y fotos, con una cláusula que impone hasta dos años de trabajos forzados por utilizar estilos de habla o canto surcoreanos.