Las FARC tachan de «atropello» a sus derechos el veto a sus representantes en el Congreso

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) ha acusado este miércoles al presidente de la Cámara de Diputados de Colombia, Rodrigo Lara, de «atropellar» los derechos del partido político surgido de la antigua guerrilla al prohibir que sus miembros accedan a la sede legislativa hasta que se aclare su situación jurídica.

«La posición del presidente de la Cámara es un atropello a los derechos de los reincorporados», ha dicho ‘Pastor Alape’, uno de los dirigentes de la nueva formación, en declaraciones a la emisora colombiana Caracol Radio.

El ex guerrillero ha advertido de que esta medida entorpece la implementación del acuerdo de paz firmado el año pasado por las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos para poner fin a más de medio siglo de guerra.

«Esto es muy grave porque se trata de abrir escenarios (de paz)», ha recordado. «Se supone que el Congreso es un espacio de democracia», ha apostillado.

Lara anunció el martes que denegaría el acceso a los miembros de las FARC que todavía no se hayan sometido a un juez para que decida su situación jurídica sobre los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado porque «las víctimas y ciertos sectores políticos pueden sentirse muy incómodos».

Veto en el Congreso

El jefe de la cámara baja animó a su homólogo del Senado, Efraín Cepeda, a hacer lo mismo, pero el presidente de la cámara alta ya ha aclarado que las puertas de esta legislativa estarán abiertas para los combatientes desmovilizados de las FARC.

El veto de Lara, sin embargo, no acaba con la presencia de las FARC en la Cámara de Diputados ya que, en virtud del acuerdo de paz, la ex guerrilla estará representada en cada cámara por cinco personas para participar en los debates relativos a los pactos de La Habana hasta que pueda conseguir legisladores.

El acuerdo de paz, negociado durante cuatro años en la capital cubana, establece que todos los actores del conflicto colombiano -tanto guerrilleros como agentes del Estado- disfruten de las más amplias amnistías y que los responsables de los crímenes internacionales -no amnistiables- comparezcan ante la justicia transicional y, en función de la verdad que aporten sobre los hechos, reciban sanciones que, solo en el peor caso, implican hasta 20 años de cárcel.