Erdogan ordena el arresto de 192 personas por supuestos vínculos con el clérigo Gulen

Las operaciones policiales contra supuestos seguidores de Gulen, un antiguo aliado del presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, se han sucedido con regularidad desde la asonada castrense y en las últimas semanas han aumentado de nuevo. En este contexto, las autoridades de Estambul y de Adana ordenaron la semana pasada el arresto de más de 100 militares por supuestos vínculos con el clérigo islamista.

La Fiscalía de Ankara ha informado de que ha ordenado el arresto de 50 militares, de los cuales tres son tenientes y 47 son sargentos, además de otras 55 personas, bajo la acusación de haber utilizado la aplicación de mensajería móvil ByLock.

Turquía ilegalizó la aplicación ByLock tras el fallido golpe de Estado, tras acusar a los seguidores de Gulen de haberla utilizado para comunicarse durante la noche del golpe de Estado, el 15 de julio de 2016, cuando un grupo de militares rebeldes intentó derrocar al Gobierno, acabando con la vida de unas 250 personas.

Gulen, un antiguo aliado de Erdogan que ha vivido en un exilio autoimpuesto en Estados Unidos desde 1999, ha negado cualquier vinculación con la asonada castrense. La Fiscalía de la provincia de Konia, en el centro de Turquía, ha ordenado la detención de otras 50 personas, incluidos varios militares y sus contactos en la red de Gulen, según el rotativo turco.

La Fiscalía en otras dos provincias, Mugla y Kocaeli, ha ordenado detener, respectivamente, a quince y a 25 militares. Más de 77.000 personas han sido arrestadas a la espera de juicio, mientras que 150.000 funcionarios civiles y militares han sido suspendidos o cesados en el marco de las campañas contra sospechosos de tener vínculos con el golpe de Estado o con la organización de Gulen.

Los grupos de defensa de los Derechos Humanos y los aliados occidentales de Turquía han criticado la campaña contra los supuestos seguidores de Gulen por considerarla un intento de Erdogan por silenciar cualquier atisbo de oposición. El Gobierno justifica las operaciones de detenciones masivas por motivos de seguridad dada la gravedad de las amenazas que cree que afronta el país.