EEUU acusa a Maduro, su esposa e hijo de traficar con 200 toneladas anuales de coca en aviones oficiales

La justicia estadounidense sostiene una acusación formal contra Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y su hijo Nicolás Maduro Guerra por liderar durante más de 25 años una red de narcotráfico que ha utilizado aviones oficiales, pasaportes diplomáticos y la infraestructura del Estado venezolano para transportar entre 200 y 250 toneladas de cocaína anuales hacia territorio estadounidense. El documento, presentado ante el Distrito Sur de Nueva York, detalla cómo el presidente venezolano ha «corrompido cada cargo público que ha ocupado» desde el año 2000.

La acusación contra el narcodictador detenido, que incluye a seis miembros del régimen venezolano, describe un sistema de corrupción endémica en el que altos funcionarios han convertido Venezuela en un «refugio seguro para narcotraficantes dispuestos a pagar por protección».

Entre los acusados figuran también Diosdado Cabello, ministro del Interior, Justicia y Paz, y Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro del Interior. Todos enfrentan cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.

Pasaportes para narcotraficantes

El expediente judicial revela que entre 2006 y 2008, cuando Maduro ejercía como ministro de Relaciones Exteriores, vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a individuos que «sabía eran narcotraficantes». La operación permitía a los traficantes «mover dinero del narcotráfico desde México a Venezuela bajo cobertura diplomática».

Según el documento, Maduro «llamaba a la embajada venezolana en México para avisar que una misión diplomática llegaría en avión privado». Mientras los narcotraficantes se reunían con el embajador venezolano en México bajo la apariencia de una misión oficial, «su avión era cargado con el dinero del narcotráfico». El aparato regresaba entonces a Venezuela protegido por inmunidad diplomática.

La fiscalía ha documentado que en septiembre de 2013, apenas meses después de que Maduro asumiera la presidencia, autoridades francesas decomisaron aproximadamente 1,3 toneladas de cocaína en un vuelo comercial desde el aeropuerto de Maiquetía, cerca de Caracas, hacia París.

Tras la incautación, Maduro convocó una reunión con Cabello y Hugo Armando Carvajal Barrios el Pollo Carvajal, entonces director de inteligencia militar venezolana. Durante el encuentro, el presidente «les dijo que no deberían haber usado el aeropuerto de Maiquetía para narcotráfico después del decomiso de 2006 en México».

El hangar presidencial

El caso más revelador involucra a dos familiares directos de Maduro. En octubre y noviembre de 2015, Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, sobrinos del mandatario, acordaron durante «reuniones grabadas con fuentes confidenciales de la DEA despachar cargamentos de múltiples cientos de kilogramos de cocaína» desde el hangar presidencial de Maiquetía.

En las grabaciones, Campo Flores se refirió a Maduro como su «padre» y explicó que buscaban recaudar 20 millones de dólares en dinero del narcotráfico para apoyar la campaña electoral de Cilia Flores para la Asamblea Nacional venezolana. Ambos fueron condenados a 18 años de cárcel en 2017 en Nueva York por conspiración para importar cocaína.

El hijo del presidente, Nicolás Maduro Guerra, conocido como Nicolasito o El Príncipe, también figura prominentemente en la acusación. En 2017 trabajó para «enviar cientos de kilogramos de cocaína desde Venezuela a Miami, Florida». Durante ese periodo, Maduro Guerra habló con sus socios sobre «usar contenedores de chatarra para contrabandear cocaína hacia los puertos de Nueva York».

Entre 2014 y 2015, el hijo del mandatario visitaba la Isla de Margarita aproximadamente dos veces al mes en un avión Falcon 900 propiedad de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Un capitán de la Guardia Nacional que coordinaba la logística de estas visitas declaró que antes de partir, el avión de Maduro Guerra «era cargado con grandes paquetes envueltos en cinta que el capitán entendía eran drogas».

Alianzas con grupos terroristas

El documento judicial acusa a Maduro de haber establecido alianzas con organizaciones terroristas según el Departamento de Estado estadounidense, incluyendo las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua.

Ramón Rodríguez Chacín, según la acusación, fue «asignado por Maduro para proporcionar a las FARC y el ELN protección y apoyo». Entre 2018 y 2019, Rodríguez Chacín realizó múltiples viajes desde el estado venezolano de Barinas hasta Caracas acompañando a un líder clave de las FARC para reuniones con Maduro.

Estas reuniones se celebraron tanto en Miraflores, el palacio presidencial, como en Fuerte Tiuna, «el principal complejo militar en Caracas y sede del Ministerio de Defensa de Venezuela». En julio de 2019, durante una conferencia de prensa videograbada junto a Cabello, Maduro «anunció que las FARC y sus líderes eran bienvenidos en Venezuela».

En 2020, el hijo del presidente se reunió en Medellín, Colombia, con dos representantes de las FARC. Durante el encuentro, Maduro Guerra «discutió acuerdos para mover grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia hacia Estados Unidos durante los próximos seis años, hasta 2026». También habló sobre «pagar a las FARC con armas en conexión con los cargamentos de cocaína».

El Cartel de los Soles

La acusación describe el Cartel de los Soles, en referencia a la insignia solar en los uniformes de altos oficiales militares venezolanos. Este sistema de patronazgo permite que «funcionarios civiles, militares y de inteligencia de bajo rango operan en un sistema donde los beneficios de la actividad ilegal fluyen hacia los corruptos en la cúspide».

Diosdado Cabello, considerado uno de los funcionarios más poderosos de Venezuela, ha mantenido una participación activa en el narcotráfico. Entre 2022 y 2024, Cabello «viajaba regularmente a pistas de aterrizaje clandestinas controladas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) cerca de la frontera Colombia-Venezuela para asegurar el paso seguro continuo de la cocaína en territorio venezolano».

Desde estas pistas, la droga era despachada fuera de Venezuela tanto en vuelos aprobados por oficiales militares venezolanos como en vuelos clandestinos diseñados para evitar la detección. A finales de 2024, Cabello recibió dinero procedente del narcotráfico, y en 2025, narcotraficantes colombianos discutieron con un asociado de Cabello planes para continuar el tráfico de cocaína a través de Venezuela.

La acusación también involucra al líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, el Niño Guerrero, quien desde prisión ofreció servicios de escolta para cargamentos de droga. Explicó que el Tren de Aragua controlaba las costas  y podía «manejar la logística de cada aspecto del comercio de drogas», confirmando la capacidad de su organización para proteger más de una tonelada de cocaína.