Ecuador decreta «estado de excepción» en todo el país ante las protestas por el alza del combustible

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha decretado este jueves el «estado de excepción» en todo el país ante protestas sociales que se registran por el alza de hasta 123% en los precios de combustibles también fijado por el Ejecutivo de Moreno tras la supresión del subsidio estatal.

«Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional», ha dicho el presidente a la prensa tras liderar una reunión de gabinete de emergencia. Moreno ha señalado, además, que se trata de una «persona que toma decisiones, aunque no lo crean».

Moreno ha denunciado en rueda de prensa que los «focos de violencia» creados por los manifestantes sólo «pretenden desestabilizar el Gobierno». Por ello, ha argumentado el presidente «debemos abandonar esa costumbre que linda con lo miserable de tratar de imponer criterios».

Por su parte, la ministra del Interior, María Paula Romo, ha dicho que la medida estará en vigor durante un plazo inicial de 60 días susceptible de ser ampliado y ha citado entre sus objetivos la necesidad de «despejar las vías» y garantizar el desarrollo de actividades esenciales.

Romo ha recordado que «paralizar servicios públicos está prohibido por la Constitución y está penado por el Código Penal» y, además, ha dejado abierta la posibilidad de adoptar medidas contra los responsables de altercados.

También ha hablado el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín. Ha dicho que había la necesidad de actuar contra las actividades que «distorsionen el orden y la paz social», de tal forma que tanto la Policía y las Fuerzas Armadas estarían capacitados para adoptar las acciones que se consideren oportunas.

Moreno, que ha presumido de su «valentía para tomar decisiones», ha tendido la mano al «diálogo» para resolver posibles suspicacias, pero ha dejado claro que «no existe posibilidad de cambiar» el paquete de medidas anunciado el lunes.

En este sentido, ha tachado de «perverso» el subsidio que ahora quiere eliminar, toda vez que «distorsionaba» la economía e implicaba que «ingentes» recursos del Estado fuesen a parar «a manos de quienes no correspondían», desde personas «pudientes» a otras que traficaban con combustible.

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, también se había expresado en la misma línea, negando un posible retroceso por parte del Gobierno, que mantiene que «es lo correcto» actuar para evitar que sigan beneficiándose «las mafias que se llevan el dinero a Colombia y Perú».