Chile concede asilo a cinco magistrados designados por la oposición de Venezuela

El Gobierno de Chile ha concedido este martes asilo diplomático a cinco magistrados designados por la oposición venezolana para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que se encontraban desde hace semanas refugiados en la residencia del embajador chileno en Caracas.

El ministro de Exteriores chileno, Heraldo Muñoz, ha comparecido ante los medios para informar de las últimas novedades sobre estos cinco magistrados, que hasta ahora se encontraban en la residencia del embajador en calidad de «huéspedes».

En este sentido, ha anunciado que el lunes los magistrados Zuleima Del Valle González, Beatriz Ruiz, Luis Marcano, José Fernando Núñez y Elenis Del Valle solicitaron «formalmente» asilo después de que, «por distintos medios», intentasen aclarar sus respectivas perspectivas judiciales en Venezuela.

«Llegó la hora de honrar nuestro compromiso y nuestra solidaridad y el Gobierno de Chile ha decidido otorgar a estos cinco ciudadanos venezolanos la condición de asilados diplomáticos», ha proclamado Muñoz, que no ha aclarado la situación del dirigente opositor Roberto Enríquez.

Las autoridades chilenas precisan ahora que la dictadura de Nicolás Maduro conceda salvoconductos a los cinco asilados para que puedan abandonar el país y trasladarse a Chile. Muñoz confía en que estas exenciones reciban el visto bueno de Caracas y espera, también, que «la situación de crisis que vive el pueblo venezolano se pueda resolver a la [mayor] brevedad posible y se pueda restablecer el orden democrático y el respeto de los Derechos Humanos por una vía pacífica».

Chile es uno de los países firmantes de la Declaración de Lima, en la que se denunció la «ruptura» democrática en Venezuela. Al igual que otros países de la región, se ha mostrado comprensivo con las voces disidentes que han denunciado persecución, parte de las cuales han optado por pedir ayuda a otros gobiernos vecinos.

El caso más paradigmático es el de la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz, repudiada por el chavismo y actualmente «bajo protección» del Gobierno de Colombia, tal como confirmó el lunes el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que incluso ofreció asilo a la antigua responsable del Ministerio Público.