Bolsonaro amenaza el Amazonas
En territorio brasileño se encuentra el 60% de la flora amazónica. En total, el Amazonas abarca una superficie igual que la del continente europeo o las dos terceras partes de Estados Unidos. Se constituye, así, como el principal pulmón del planeta y como el principal baluarte en la lucha contra el cambio climático por su capacidad de absorción del dióxido de carbono.
Greenpeace denuncia que en la década de los 90, la selva amazónica absorbía 2.000 millones de toneladas de CO2, una cifra que se ha reducido a la mitad en la presente década. La deforestación del Amazonas avanza imparable, catalizada, en parte, tras la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil hace ya más de 100 días. Sin embargo, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), dependiente del Ministerio brasileño de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones, entre agosto de 2017 y julio de 2018 – un semestre antes del comienzo del mandato de Bolsonaro – se produjo una deforestación de un área de 7.900 kilómetros cuadrados, es decir, 100 kilómetros cuadrados menos que la superficie de la Comunidad de Madrid.
En esta línea, la organización WWF alerta de que actualmente – y ya sí con Bolsonaro al frente – “el 15 % del bioma amazónico tiene concesiones mineras y contratos para la extracción de petróleo y gas, y las áreas protegidas no son la excepción: más de 800 concesiones mineras se han otorgado en estas zonas y alrededor de 6. 800 solicitudes están pendientes para su aprobación”. Además de las concesiones mineras, otras amenazas ponen en riesgo la sostenibilidad de la selva amazónica: el aumento de las represas hidroeléctricas, la construcción de carreteras, la expansión de la agricultura intensiva, la deforestación y los cambios en la legislación en torno a las áreas protegidas.
En este sentido, las amenazas del nuevo presidente de Brasil se materializan en sus declaraciones. El pasado 11 de abril, Bolsonaro, en una entrevista concedida a la radio Jovem Pam, ya manifestó su deseo de, por un lado, “explotar” el Amazonas brasileño junto con Estados Unidos – tema ya tratado en la reunión bilateral entre Bolsonaro y su homólogo estadounidense Donald Trump de mediados de marzo – y, por otro lado, de “revisar” la industria de las demarcaciones de las tierras indígenas en Brasil, a la que acusa de impedir el desarrollo de la región. Un día más tarde, el 12 de abril, Bolsonaro aseguró que se podría abrir una nueva explotación minera en la zona de la Renca (Reserva Nacional de Cobre y Asociados), que cuenta con una extensión de 46.100 kilómetros cuadrados. El área fue establecida como reserva en 1984 tras la aprobación de un decreto presidencial, por lo que podría ser revocada – y abrir la Renca a la explotación – de la misma forma y sin pasar por las cámaras legislativas.
Actualmente, existen 426 territorios demarcados para la utilización exclusiva de los más de 180 pueblos indígenas que habitan en el Amazonas. Una de estas comunidades es la de los indios guajajara, cuyas tierras representan una quinta parte del total de terreno brasileño de selva amazónica. Este pueblo indígena sufre la amenaza constante de mafias, que penetran de forma ilegal en la demarcación y fuertemente armadas para talar madera noble y venderla después por miles de dólares en el mercado negro. Por su parte, WWF también advierte de que “más del 37 % de los territorios indígenas están en riesgo por cerca de 500 contratos mineros para la explotación minerales e hidrocarburos”.
En este sentido, una de las primeras medidas que adoptó Bolsonaro tras la llegada al poder hace ya más de 100 días fue transferir la competencia en la delimitación de las reservas indígenas del Ministerio de Justicia al de Agricultura, que protege los intereses de los grandes terratenientes y productores agrícolas. Así, destituyó también al gran defensor del Amazonas, Luciano Evaristo, director de protección ambiental del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama), la institución brasileña que tutela el patrimonio natural del país.
De seguir a este ritmo en la aplicación de la orientación y aplicación de las políticas de Bolsonaro, WWF afirma que “para el 2030 la Amazonia puede perder el 27% por la deforestación”, lo que supone cerca de 85,4 millones de hectáreas de bosques, con las respectivas consecuencias que podría acarrear para la salud y el bienestar de los seres vivos del planeta y la multiplicación exponencial de los efectos del calentamiento global y, por ende, del cambio climático.
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