Biden deportará inmigrantes ilegales a España tras la visita de Sánchez a la Casa Blanca

Desde España, los artífices de la propaganda sanchista han vendido a la opinión pública que el presidente de los EEUU, Joe Biden, se reunirá con el presidente español, Pedro Sánchez, el mismo día de arranque de la campaña electoral del próximo 28M. Pretenden que pase a la posterioridad como una especie de ceremonia de espaldarazo, propia de otros tiempos, donde los reyes colocaban la parte plana de una espada en el hombro de aquellos que se convertían en sus nuevos caballeros u hombres de confianza. Algo que Sánchez desea, nunca mejor dicho en estas fechas, como agua de mayo.

Sin embargo, el 12 de mayo ha sido la fecha elegida por la Casa Blanca por otras razones que más tienen que ver con sus problemas internos que con las ensoñaciones del presidente español. Un día antes, el 11 de mayo, es la fecha en la que expira un decreto legislativo estradounidense conocido como Título 42 aplicado en medio de la pandemia del COVID-19, y que impidió a los inmigrantes las solicitudes de asilo, permitiendo a la policía fronteriza las devoluciones en caliente.

Con dicho decreto, cerca de 2,8 millones de inmigrantes ilegales han sido expulsados de EEUU desde marzo de 2020, tras intentar cruzar la frontera sur de México. El día en el que Biden se reúna con Pedro Sánchez, la avalancha migratoria en la frontera sur no habrá hecho más que empezar. De hecho, ya son miles de inmigrantes que esperan la llegada del 11 de mayo para volver a presentar solicitudes de asilo. A la gran mayoría de ellos se les aplicará el llamado Título 8, es decir, deportaciones directas, la apertura de un juicio y la prohibición de entrar a los Estados Unidos durante al menos cinco años.

El objetivo de la administración Biden, ante un cada vez menor apoyo de la opinión pública estadounidense, pasa por el uso de la expulsión rápida a aquellos que no reúnan requisitos de entrada en cuestión de días o en pocas semanas. Y ahí es donde entra el papel del presidente del gobierno español.

Pedro Sánchez comprometió a España ante el gobierno de Biden el mes pasado para aceptar desde ya a personas sin papeles procedentes de países latinoamericanos que no reúnan los requisitos de entrada a suelo estadounidense. Es decir, inmigrantes ilegales que no reúnen las condiciones del llamado programa de admisión de refugiados de EEUU.

Problema electoral para Biden

El objetivo de Biden, preocupado por el coste político de la previsible avalancha de inmigrantes en medio de su campaña electoral para volver a ser elegido como presidente del país, es seguir aceptando 30.000 personas al mes procedentes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua, pero no más. También abrirá la mano por cuestiones de reunificación familiar a aquellos procedentes de Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador. Las cifras son pequeñas si se tiene en cuenta que la administración estadounidense espera arrestar a 13.000 inmigrantes diarios después del 11 de mayo.

Y Pedro Sánchez se ha postrado ante su colega estadounidense para evitar que miles de los inmigrantes ilegales que pasen por los centros regionales que EEUU va a establecer en Guatemala y Colombia viajen hasta México para entrar en territorio estadounidense y, directamente, sean trasladados a España.

«Permítame ser claro: nuestra frontera no está abierta y no se abrirá después del 11 de mayo», aseguró la semana pasada el secretario de Seguridad Nacional del Gobierno Biden, Alejandro N. Mayorkas.

La decisión adoptada por Sánchez traerá consecuencias políticas por el impacto que podría tener en la opinión pública, por su carácter también discriminatorio y por los riesgos que entrañan las políticas de papeles para todos con el efecto llamada. Sin embargo, para el jefe del Ejecutivo parece importarle más su relación con Joe Biden, ser una suerte de nuevo valido suyo en una Europa donde con la excepción de Ucrania o Polonia no levanta pasiones y, de paso, ayudarle en su carrera a la reelección a la Casa Blanca. Toda una operación arriesgada para un presidente que solo es aprobado por el 36% de sus ciudadanos y suspendido por el 56%.