La historia es cíclica: hallan en Turquía inscripciones del año 480 que demuestran que la corrupción fiscal ya existía en el Imperio romano

La corrupción fiscal no es un problema exclusivo de las sociedades modernas. Unos investigadores han conseguido recomponer nuevos fragmentos de una inscripción del año 480 encontrada en la antigua ciudad de Estratonicea, en la actual Turquía, que documenta un prolongado fraude en la recaudación de impuestos durante los últimos siglos del Imperio Romano.

El estudio, en el que han participado el investigador Paweł Nowakowski, de la Facultad de Historia de la Universidad de Varsovia, y Mustafa Adak, de la Universidad de Akdeniz, ha permitido identificar las nuevas piezas como parte de un decreto imperial que ya era conocido desde el siglo XVIII, pero cuyo contenido ahora puede conocerse con mayor detalle.

¿Qué ocurrió en el Imperio romano con los impuestos de Caria?

El decreto fue emitido el 1 de agosto del año 480 por Flavio Illo Puseo Dionisio, prefecto del pretorio de Oriente, y estaba relacionado con un fraude que se había prolongado durante al menos quince años. Las primeras quejas de la población habían llegado a la administración central alrededor del año 465, aunque una intervención anterior no consiguió acabar con las irregularidades.

El problema afectaba a las propiedades de Placidia, hija del emperador Valentiniano III. Los funcionarios encargados de recaudar los tributos habían desarrollado un sistema que les permitía quedarse con parte de las cantidades cobradas sin que las autoridades centrales pudieran detectarlo fácilmente.

La clave estaba en los recibos. Los recaudadores entregaban justificantes por los pagos realizados, tanto en dinero como en especie, pero no especificaban cuánto se había abonado realmente. Después, cuando presentaban sus registros en Constantinopla, declaraban cantidades inferiores a las que habían recibido de la población.

De esta manera, podían quedarse con la diferencia y mantener durante años un mecanismo de fraude que afectaba directamente a los contribuyentes y a las arcas imperiales. La falta de una respuesta eficaz permitió que la situación se prolongara durante más de una década.

La respuesta del poder romano

Cuando Dionisio intervino en el año 480, la respuesta fue mucho más severa que la habitual en este tipo de conflictos administrativos. El decreto ordenaba enviar a un comisario especial a la región para solucionar el problema en un plazo de tres meses.

Si no cumplía con su cometido, podía enfrentarse a la confiscación de sus bienes. Pero la medida más llamativa del poder romano estaba dirigida a los funcionarios responsables del fraude: el texto establecía la pena de muerte para quienes hubieran cometido las irregularidades.

La investigación destaca que esta condena resulta excepcional al compararla con otros documentos fiscales de los siglos IV al VI. Se conocen al menos once decretos imperiales relacionados con problemas en la documentación tributaria y con la obligación de emitir recibos correctamente, pero ninguno, salvo el de Caria, contempla la pena capital para los responsables.

Las sanciones más habituales consistían en multas económicas. Incluso durante el reinado de Justiniano, cuando se endurecieron algunas medidas contra determinadas prácticas administrativas, las penas podían incluir torturas o la amputación de una mano, pero no alcanzaban necesariamente la gravedad de una ejecución.

Según la interpretación de los investigadores, la dureza del decreto podía responder no solo al perjuicio económico causado por el fraude. La desobediencia a las órdenes imperiales también podía entenderse como una amenaza contra la autoridad del propio Estado, cercana a una forma de rebelión o de lesa majestad.