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II JORNADAS JURÍDICAS OKDIARIO

Juristas y políticos coinciden: la Ley de Amnistía abre una «crisis de credibilidad» en las instituciones

Las respuestas del Tribunal Constitucional y las instancias europeas a la ley, a debate en las II Jornadas Jurídicas de OKDIARIO

Las II Jornadas Jurídicas de OKDIARIO celebradas en Marbella (Málaga) han reunido a juristas y políticos en su cuarta mesa redonda, El impacto de Europa en la Justicia de España, para abordar la Ley de Amnistía y las respuestas del Tribunal Constitucional y las instancias europeas.

La mesa ha estado moderada por Fernán González, periodista de Investigación y Tribunales de OKDIARIO, y ha contado con la participación de María Jesús Moro, diputada en el Congreso de los Diputados por Salamanca; María Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional español y europeo; Elisa de la Nuez, abogada del Estado en excedencia y socia del área de Derecho Público en el despacho GC Legal; y Juan Chapapría, socio director en Chapapría-Navarro Asociados y socio en Martínez-Echevarría.

La semana pasada, el abogado general de la UE se alineó con el Gobierno de Pedro Sánchez y avaló la Ley de Amnistía ante el Tribunal de Luxemburgo al considerar que la norma no es contraria al derecho comunitario en materia de terrorismo ni choca con los intereses financieros de la Unión.

La mesa ha coincidido en que el informe de Dean Spielmann no blinda la amnistía, contiene errores jurídicos relevantes y no es vinculante. La parte más sólida, según los juristas, es la que afirma la vulneración de la tutela judicial efectiva, lo que podría dejar la ley inaplicable si el Tribunal de Justicia de la UE lo confirma. Desde la vertiente política, Moro ha denunciado que el Gobierno intenta controlar el relato y limitar las cuestiones prejudiciales, que ponen en riesgo el respeto al derecho europeo. Los juristas han confiado en que la sentencia del TJUE será positiva y respaldará la defensa de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho.

Sobre los sucesivos pulsos del Tribunal Constitucional (TC) de Cándido Conde-Pumpido, Moro, testigo directo de la tramitación de la Ley de Amnistía, sostiene que existe una «acumulación de cuestiones de ataque» promovidas por el Gobierno con el único objetivo de «mantenerse en el poder», aportando en cada trámite sólo los elementos europeos que le resultan favorables y descartando el resto.

Freixes ha lamentado que el TC es «previsible» en temas políticos, y para cualquier jurista o ciudadano resulta «demoledor» porque conlleva una «crisis de credibilidad». También ha mencionado las «obstaculizaciones» del Ejecutivo a la presentación de cuestiones prejudiciales.

«Si miramos las estadísticas del Tribunal de Derechos Humanos, España es uno de los estados menos condenados. Eso significa que la mayor parte de casos que llegan a Estrasburgo son de tutela judicial efectiva y que nuestros jueces son jueces profesionales y cumplen con las garantías. Pero ante la Unión Europea, España es campeona en incumplimientos, lo cual indica algo», ha reflexionado.

Chapapría también ha hecho hincapié en la «injerencia» a la labor de las jueces: «La intromisión del Ejecutivo ha sido absoluta. Cuando pasen unos años y se pueda valorar con más perspectiva, habrá que ver hasta dónde llega la erosión de nuestras instituciones y el daño tan grande a su credibilidad y su reputación a ojos de la ciudadanía». El magistrado considera que la injerenciadel Gobierno responde exclusivamente «a sus intereses espúreos y legislativos de aritmética política para poder avanzar la legislatura», preciso «ejemplo de lo que nunca puede pasar en una democracia».

Sobre los índices de democracia en España, que va perdiendo puestos en la franja de países con una democracia consolidada, De la Nuez reconoce que «la tendencia de los últimos 20-25 años es mala y sistemáticamente hacia abajo», pero aún no hay que lanzar la voz de alarma. Sí ve necesario abordar la percepción de la ciudadanía sobre la independencia del poder judicial y evitar la «politización» del CGPJ vía nombramientos, aunque apunta que los medios de comunicación contribuyen a esta percepción al etiquetar constantemente a los magistrados: «Ahora tenemos el nuevo fallo del Tribunal Supremo (contra García Ortiz) y ya tenemos otra vez las etiquetitas del 5-2, pero la realidad no es ésa».