Zarrías no comparecerá el miércoles en el Senado como pedía el PP porque tiene juicio del Caso ERE

El ex consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías no comparecerá mañana en la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos del Senado porque tiene que acudir en Sevilla a una sesión del juicio de la pieza política del caso ERE de la Junta de Andalucía.

Fuentes parlamentarias han explicado que hoy ha llegado un escrito a la comisión del Senado donde se justifica la ausencia de Zarrías porque ha sido convocado por la Audiencia Provincial de Sevilla para la sesión que mañana se celebra dentro de la recta final del juicio de los ERE.

Por este motivo se ha suspendido su interrogatorio en la comisión de investigación, que el PP maneja en solitario desde casi hace año y medio, y se deberá buscar otra fecha para recabar su testimonio en relación a las indagaciones por parte del grupo popular.

La siguiente comparecencia prevista en el marco de estas investigaciones es la de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para el próximo 8 de noviembre.

Zarrías es uno de los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz procesados en el caso ERE, que centra el interés del PP porque cree que es relevante para averiguar los mecanismos de financiación del PSOE de Andalucía, después de haber tratado en anteriores sesiones la financiación del PSOE valenciano.

Precisamente, la comisión mantendrá su sesión de mañana, pese a la ausencia de Zarrías, para abordar la posibilidad de trasladar a la Fiscalía la negativa a declarar de una ex empleada de la empresa valenciana Crespo Gomar, implicada en la trama de presunta financiación irregular del PSPV-PSOE entre 2007 y 2011.

Se trata de Lucía Pascual, quien el pasado día 25 no contestó a las preguntas del portavoz del PP en la comisión, Luis Aznar, pese a que no estar incursa en procedimiento judicial alguno.

El grupo popular ha pedido un informe a los servicios jurídicos de la Cámara antes de llevar los hechos a la Fiscalía, al ver en su actitud una «obstrucción» a la labor del Senado, porque es obligatorio colaborar con las comisiones de investigación salvo que el declarante esté inmerso en un procedimiento judicial.