Yolanda Díaz exige que los gays perseguidos por Franco tengan preferencia para acceder a una vivienda

Yolanda Díaz exige «priorizar» el acceso al parque público de vivienda y a los programas de ayudas para la compra de casa a todas aquellas personas pertenecientes al colectivo LGTBI que digan que fueron perseguidas por las leyes franquistas. De este forma, Sumar calcula que cerca de 5.000 personas deberían tener preferencia a la hora de solicitar viviendas del Estado, además de recibir una paga de 825 euros mensuales para toda la vida.

Concretamente, la Proposición de Ley de Memoria y Justicia para la Reparación de las Personas trans y LGTBI víctimas de la dictadura por motivos de Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género, presentada por Sumar y otros socios del Gobierno, tiene como objetivo reparar económicamente a todas las personas que pudieron verse afectadas por la Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social, en adelante LPRS, fue una ley española aprobada por el régimen franquista el 4 de agosto de 1970.

Sumar ya había abordado esta recompensa a las personas que denunciasen haber sido víctimas del franquismo a través de una enmienda a la Proposición no de Ley sobre el reconocimiento y homenaje a las personas del colectivo LGTBI víctimas de represión durante la Guerra y la dictadura franquista, registrada por el PSOE. Ahora, la nueva iniciativa ahonda aún más en el método para «resarcir» a las personas del colectivo LGTBI.

«Las administraciones públicas promoverán el acceso prioritario de las personas destinatarias de la presente norma al parque público de vivienda y a los programas de ayuda de acceso a la vivienda, incluidos lugares públicos de residencia para personas mayores, en los términos que se establezcan. El Estado debe reconocer el maltrato psiquiátrico perpetrado contra las personas LGTBI en dictadura y a las personas trans en democracia y pedir perdón para que nunca más se vuelva a repetir», reza la propuesta, en la que los grupos parlamentarios recogen que beneficiará a unas 5.000 personas, sobre todo, transexuales y hombres homosexuales. Esta proposición de ley no contempla la dificultad de demostrar que estas personas hayan sido perseguidas por estas leyes, por lo que, a efectos prácticos, este reconocimiento tendrá que basarse únicamente en el testimonio de los miembros del colectivo LGTBI.

Paga vitalicia

Además de las ayudas para la vivienda, Yolanda Díaz propone «una indemnización económica vitalicia de idéntica cuantía a la pensión mínima de la Seguridad Social que reciben las personas pensionistas mayores de 65 años sin cargas familiares». Tras la última subida de las pensiones, esta cuantía asciende a 825 euros mensuales, por lo que, las personas que aseguren que fueron perseguidas por leyes franquistas recibirán 11.550 euros anuales para toda la vida. Además, tal y como se recoge en la propuesta de Sumar, esta indemnización mensual será compatible con otros ingresos percibidos por actividades laborales, mercantiles o derivados del patrimonio personal o societario.

La cuantía de la prestación se incrementará en un 50% -superando los 1.000 euros- para aquellas personas que hayan sufrido privación de libertad derivada de la aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes desde su modificación de 15 de julio de 1954 y en la Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, así como las condenadas por el mismo motivo en aplicación del delito de escándalo público contemplado en el artículo 431 del Código Penal, antes de su modificación en 1988.

El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la indemnización por los daños será tramitado y resuelto por el Ministerio de Presidencia. Las solicitudes de los interesados deben cursarse en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente norma. Así, el ministerio encabezado por Félix Bolaños podrá recabar datos que obren en poder de las Administraciones Públicas en relación con las personas solicitantes, para lo cual se recabará la autorización expresa de la persona solicitante. El plazo máximo para la resolución del procedimiento es de 12 meses, entendiéndose estimada la petición en caso de haber transcurrido el citado plazo sin haberse dictado resolución expresa.