Vox recurrirá el archivo del caso de las balas a Marlaska e Iglesias y pedirá los informes ocultos
La juez archiva las cartas con balas a Iglesias y Marlaska sin resolver si fueron reales o montaje
La Policía de Marlaska dice a la juez que no ha investigado las balas de Iglesias «por un fallo del fax»
Hasta 5 controles superaron las cartas amenazantes contra Iglesias, Maroto, Marlaska y Gámez
Vox va a recurrir ante la Audiencia Provincial el archivo provisional de la investigación sobre las supuestas cartas con balas recibidas en plena campaña electoral del 4M por el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la directora de la Guardia Civil María Gámez. OKDIARIO ha podido saber que la formación que lidera Santiago Abascal también solicitará a los distintos Juzgados que investigaron esta causa –los Juzgados de Instrucción número 27, 34 y 36 que se inhibieron en favor del número 3– todas las diligencias resueltas durante la instrucción. Los responsables de la investigación han ocultado a Vox, que ejerce la acusación popular, estos documentos, según explican fuentes consultadas por este periódico.
La juez Isabel Durantez ha dado carpetazo este martes a la investigación sobre las supuestas misivas amenazantes recibidas por Iglesias, Marlaska y Gámez. La instructora ha decidido archivar sin resolver si se trató de un montaje por parte de miembros del Gobierno para obtener un mejor resultado en los últimos comicios autonómicos celebrados en la Comunidad de Madrid.
Hay que recordar que la aparición en escena de los proyectiles dio un giro de 180 grados a la campaña de los partidos de izquierda y llevó a sus aspirantes en las elecciones del 4 de mayo a abrazar lemas como democracia o fascismo. Unos meses después de aquellos comicios, y tras la hecatombe electoral de Podemos y PSOE, las balas ya no preocupaban a las supuestas víctimas. El asunto, que fue tratado como un asunto de Estado para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, de repente, quedó silenciado hasta dejarlo morir. Ahora, la instructora ha dictado un auto en el que argumenta que el sobreseimiento de las diligencias se debe a «no haber podido identificar al autor de las cartas».
Un fallo en el fax
El partido de Abascal también preguntará a los Juzgados de Plaza de Castilla sobre el informe que tuvo que solicitar hasta en dos ocasiones el Juzgado Instrucción número 36 porque los agentes desconocían dicho encargo. Argumentaron que «el fax estaba averiado».
Tal y como adelantó OKDIARIO, el funcionario del Juzgado en el que recayó esa denuncia interpuesta por el partido de Abascal, se puso en contacto con la Brigada de Información al constatar que no habían recibido aún ningún tipo de dato sobre el avance de las pesquisas.
En su escrito, en el que relataba lo ocurrido, el funcionario dejaba patente que «no se ha recibido contestación alguna por la Brigada Provincial de Información de Madrid a nuestro oficio de 11 de mayo».
Continuaba su explicación: «Seguidamente este Juzgado se pone en comunicación telefónica con la referida unidad y se nos solicita que reiteremos nuestro oficio por correo electrónico, toda vez que el fax no ha funcionado durante un tiempo de lo que pasó a dar cuenta. Procédase a reiterar nuestro oficio».
Este «fallo» ha impedido que, según defendieron los propios investigadores, no pudiesen avanzar en la investigación meses después sobre los autores de ese supuesto tan grave como el de amenazar de muerte a ministros del Gobierno en plena campaña electoral del 4M. El juez José María Ortega, titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, reiteró su petición y ordenó a los agentes a que realizaran dicha investigación.
Pues bien, Vox que es el único partido que ejerce la acusación popular nunca recibió ningún informe realizado por dicha unidad al frente de la investigación. Por ello, el partido de Abascal solicitará que se le dé traslado de todas las diligencias que «le han sido ocultadas». Una vez recabada esta documentación recurrirá la decisión de la juez Durantez que ha cerrado la causa sin aclarar si se trató de un montaje por parte de los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez.
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