Vox pide que declaren 8 testigos del caso de menores prostituidas en Baleares

Vox ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 11 de Palma de Mallorca que cite como testigos a ocho personas vinculadas al caso de las menores que sufrieron abusos en un centro tutelado por el Gobierno que presidía la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. El caso se ha reabierto a raíz de una querella presentada por Vox denunciando los hechos. De este modo, el partido político que lidera Santiago Abascal ha pedido que declaren testigos, entre los que se encontraría la propia niña que sufrió los abusos, sus familiares y personal del centro tutelado donde vivía.

El caso de las menores tuteladas continúa su andadura judicial en los tribunales mallorquines. El pasado mes de enero de 2022 Vox presentó en los juzgados una querella denunciando los abusos de las menores tras acudir a la Fiscalía sin obtener respuesta alguna. La formación política detalló en su querella que los querellados podrían haber incurrido en presuntos delitos de dejación de las funciones de tutela y prostitución de menores por parte del Consell de Mallorca. La juez admitió a trámite la querella y abrió una investigación judicial sobre lo ocurrido en estos centros de acogida.

En el marco de las pesquisas, Vox ha solicitado la declaración de la víctima que relata que fue prostituida por su madre cuando era menor y a la que obligaron a abortar tras quedarse embarazada de su novio. También ha solicitado que acudan en calidad de testigos la directora del centro donde residía la menor, Cristina Vanrell; una técnico del mismo, Jessica Laras; el jefe de servicio en funciones de servicios del IMAS, Juan José Sánchez; y la psicóloga del centro, Coloma María Perelló.  

Por su parte, también se ha solicitado que acuda como testigo el novio de la chica en el momento en el que se produjeron los abusos y padre del niño abortado. Asimismo, Vox ha solicitado que declaren ante la juez el padre de la menor que era conocedor de los hechos, de las políticas del centro y de las irregularidades que sufría su hija, y su pareja de entonces. El objetivo de este testimonio es que cuente todo lo que sabe sobre la prostitución de su hija por parte de su madre, algo de lo que tenían constancia en el centro tutelado donde vivía la niña.

Vox también ha requerido a la juez que el centro de menores aporte el protocolo de control de salidas de los adolescentes. Según han relatado las adolescentes, los abusos se produjeron durante los permisos fuera del centro cuando las recogían para prostituirse. 

Citados cargos de Armengol

Vox señala en su querella como responsables indirectos a la que fuera presidenta del Consell de Mallorca, la socialista Cati Cladera; al presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Javier de Juan, también socialista; y a la entonces consellera autonómica de Asuntos Sociales, Fina Santiago, de la formación independentista Més per Mallorca. Por extensión, la formación política  también señalaba a Francina Armengol como presidenta del Govern y líder del pacto de izquierdas que gobernaba en Baleares y en el Consell de Mallorca. 

La juez instructora ya ha citado a la ex consejera, Fina Santiago y al anterior presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Javier de Juan. Ambos han sido citados como investigados, señalándose su declaración para el próximo 15 de marzo. La citación se ha pospuesto debido a problemas de agenda, tal y como señalan fuentes cercanas a la causa consultadas por este periódico.

Vox visita centros tutelados

En abril de 2022, una misión europea viajó hasta Mallorca para abordar el tema de las menores abusadas en los centros tutelados. La misión elaboró un informe de conclusiones que decía textualmente que «Baleares es la comunidad autónoma que presenta el número más elevado de casos de menores tutelados en riesgo en el conjunto de España».

Por su parte, durante la pasada legislatura, el diputado de Vox, Jorge Campos y otros dirigentes del partido visitaron varios centros de acogida de menores tutelados y los trabajadores les informaron de que los casos de abusos sexuales se producían desde hacía tiempo, y que habían dado cuenta de ello puntualmente a los responsables políticos. Sin embargo, desde el Gobierno de Armengol se trató de ocultar estos casos, negándose a abrir comisiones de investigación sobre el asunto que a día de hoy investigan los tribunales de Palma.