Imputan a dos ex altos cargos de Armengol por las menores tuteladas abusadas sexualmente

La ex consellera de Asuntos Sociales del Govern de Francina Armengol de Més per Mallorca, Fina Santiago, y el ex presidente socialista del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Javier de Juan, han sido citados por un juzgado de Palma como investigados, para defenderse de una querella sobre menores tuteladas abusadas sexualmente que, hace más de un año, presentaron Vox y la asociación Justicia Poética.

Ambos políticos han sido citados a declarar, si bien, aún está por concretarse la fecha.

Esta denuncia fue presentada por Vox, a la que más tarde se sumó esta asociación, por un caso de una menor tutelada que protagonizó una extraña desaparición y que pudo ser obligada a prostituirse.

El actual diputado nacional de esta formación, Jorge Campos, señaló en su día que mientras que esta menor estaba oficialmente desaparecida, el IMAS adscrito al Consell de Mallorca presidido por la socialista, Catalina Cladera, mantenía una comunicación constante con ella.

Además, Vox sostuvo que a la chica se la convenció para que abortara y que fue el personal del IMAS el que la acompañó a la clínica abortista.

Nada más tener conocimiento de la imputación de los dos altos cargos de Més y PSOE, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Agustín Buades, ha celebrado la noticia porque tras un aparente parón de dos años, «podremos conocer las responsabilidades de los políticos que miraron hacia otro lado durante todo este tiempo», ha afirmado Buades.

Ya el 12 de septiembre d 2023 en uno de los primeros plenos de esta legislatura, Buades interpeló a la actual consellera de Asuntos Sociales del Govern del PP, Catalina Cirer, con las siguientes palabras: «Es inadmisible lo que sucedió la legislatura pasada: menores tuteladas por la administración, o sea, arrancados de su propia familia biológica, acaban siendo abusadas sexualmente, prostituidas y en algún caso, obligadas a abortar. Hay que acabar con la doble moral hipócrita del feminismo radical y de género de la que hace gala la izquierda, y depurar responsabilidades para que nunca más en esta Comunidad Autónoma vuelva a suceder esto».

La juez del juzgado de instrucción número 11 de Palma, Esther Domene, tras estudiar la denuncia de Vox, ha decidido iniciar su correspondiente trámite, y tomar declaración como investigados a la ex consellera Santiago y a De Juan. Los delitos que se les imputó en la querella fueron los de abandono de destino por dejación de funciones y omisión del deber de perseguir delitos, así como de prostitución de menores.

Durante la pasada legislatura, Campos y otros dirigentes de Vox visitaron varios centros de acogida de menores tutelados, y los trabajadores les informaron de que los casos de abusos sexuales se producían desde hacía tiempo, y que habían dado cuenta de ello puntualmente a los responsables políticos.

No obstante, el Govern de Armengol y el Consell de Mallorca ocultaban los casos, y se negaron siempre a crear una comisión de investigación.

Debido a la presión que hizo Vox y PP, el Consell de Mallorca decidió, en primera instancia, crear una comisión de expertos, en teoría, para investigar lo que estaba pasando. Sin embargo, la fallida comisión se dedicó a blanquear el escándalo, concluyendo que el problema que había con las menores tuteladas, prostituidas, abusadas y drogadas afectaba a la sociedad en general, sin exigir responsabilidades políticas de ningún tipo.

El informe de conclusiones de la Misión Europea que se desplazó a Mallorca en abril de 2022 decía textualmente que «Baleares es la comunidad autónoma que presenta el número más elevado de casos de menores tutelados en riesgo en el conjunto de España».

En enero de 2020, antes de que saltara el escándalo sobre la violación de una menor tutelada, Vox ya había presentado una moción exigiendo que se realizara una auditoría integral del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), el organismo del Consell de Mallorca que tiene las competencias en la tutela de menores.