Vox alerta de los riesgos de la política migratoria de Sánchez: invasión, pérdida de identidad y colapso
El Consejo de Ministros aprueba este martes la regularización masiva de inmigrantes ilegales
Es un acuerdo del Gobierno de Sánchez con Podemos, anunciada por la eurodiputada Irene Montero
Vox alerta de las graves consecuencias inmediatas que tendrá para nuestro país la política migratoria del Gobierno de España, con la aprobación este martes de un real de decreto para regular a aquellos inmigrantes ilegales que acrediten una estancia en nuestro país anterior al 31 de diciembre.
Para la formación liderada por Santiago Abascal, la absorción en nuestra masa social de más de 500.000 personas supondrá tres riesgos claros: una invasión demográfica, una pérdida de identidad y un colapso de nuestro sistema.
El interés que subyace en este decreto es «la sustitución del censo» por inmigrantes, ha sostenido la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, quien ha denunciado el trato desigual e injusto que reciben los españoles. «La ilegalidad se premia», ha expresado, mientras ha criticado que los ciudadanos tienen que afrontar cada vez más «impuestos masivos».
Vox contra el decreto de regularizar inmigrantes
Milán ha adelantado en rueda de prensa que Vox presentará un recurso contra el decreto ante el Tribunal Superior con el objetivo de tumbar la medida monclovita y pedirá la suspensión de cualquier concesión de regularización extraordinaria a inmigrantes ilegales a fin de detener lo que consideran que será «un efecto llamada».
La portavoz de Vox ha denunciado la posición actual del PP –negativa a la regularización de inmigrantes–, recordando que «apoyaron la tramitación». Una posición la de los populares criticada también por la izquierda, dado que la medida –que parte de una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas– fue tomada en consideración y apoyada por una amplia mayoría parlamentaria, incluidos los votos del PP.
Ahora el PSOE señala que los populares con su negativa a refrendar la medida se oponen a «la sociedad, las iglesias y la CEOE», una acusación que también se aplicaría para Vox.
«Sólo Vox se opuso a esta medida», recuerdan en Bambú, incidiendo en su denuncia del «bipartidismo» al señalar que el ex presidente José María Aznar llevó a cabo la regularización de unos 21.000 inmigrantes en 1996, continuándose en 2000, con 163.000 extranjeros más. «No se puede permitir más inmigración, venga de donde venga», ha sostenido Millán.
En las últimas horas, tras el anuncio de este lunes de la medida por parte de la eurodiputada de Sumar, Irene Montero, se ha viralizado en redes sociales una intervención del líder de Vox, Santiago Abascal, pronunciada la semana pasada en Fraga (Huesca), un municipio precisamente azotado por oleadas de inmigración ilegal procedente de África.
Sánchez no puede salir a la calle porque el pueblo español no lo quiere y nos quiere sustituir trayendo gente de otros lugares.
Les regala la nacionalidad, les da ayudas sociales y ya los tiene listos para votar al PSOE. pic.twitter.com/TUTNsJZHGA
— VOX 🇪🇸 (@vox_es) January 16, 2026
Sobre los decretos de transporte y el ómnibus
Por otro lado, Millán se ha referido a los dos decretos que este martes se debaten en el pleno del Congreso. En primer lugar, al decreto sobre bonificaciones en el transporte. «Para el Gobierno la urgencia está en este decreto, no en arreglar las vías por las que descarrila la alta velocidad que antes era rápida, puntual y segura», ha afirmado.
Para la portavoz de VOX las bonificaciones al transporte del Gobierno «lo que buscan es comprar el voto de los jóvenes con los impuestos que les roban a sus padres y mantener redes clientelares» y ha lamentado que el Gobierno se quiera gastar casi 1.400 millones en subvenciones al transporte cuando apenas destina 469 millones al mantenimiento de la alta velocidad.
Respecto al decreto ómnibus, Millán ha dicho que se trata del decreto «que lleva implícita la rúbrica de Bildu» y que supone «un parche del Gobierno» que no tiene presupuestos e incluye «medidas para blindar la ocupación impidiendo cortar el suministro de luz, gas y agua a quienes ocupen una vivienda».
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