El vídeo de los peritos judiciales diciendo que el rescate de Plus Ultra fue irregular: «Debían cerrar»

Los peritos designados por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid afirmaron tajantemente que Plus Ultra estaba en causa de disolución y utilizó un préstamo participativo irregular para «eludir» esa situación y acceder así al rescate público de 53 millones de euros. Así consta en el vídeo de su declaración judicial que desvela ahora OKDIARIO.

En un tenso careo judicial celebrado el 29 de marzo de 2022, los expertos de la consultora Martín Molina defendían que «la finalidad principal de la conversión [de una deuda como préstamo participativo], si no la única, era para eludir, desde el punto de vista contable y patrimonial, la situación de causa de disolución en la que se encontraba en ese momento».

Esta vista pericial se tuvo que repetir porque se grabó mal la primera vez que se celebró durante tres horas. El vídeo de la repetición del careo muestra de nuevo un enfrentamiento dialéctico sin paliativos entre los peritos judiciales y los contratados por SEPI y la propia aerolínea –que la Fiscalía daba por buenos–. La magistrada instructora tuvo que intervenir en varias ocasiones para ordenar un debate que se prologó más de dos horas: «Esto es un careo, no un mercadeo, que es distinto».

El núcleo de la controversia se centró en determinar si Plus Ultra cumplía los requisitos para recibir ayuda pública del Gobierno de España a 31 de diciembre de 2019, fecha de referencia establecida por la normativa del fondo de rescate.

El despacho Martín Molina Abogados y Economistas, designado mediante sorteo como perito judicial, concluyó en su informe que Plus Ultra Líneas Aéreas se encontraba en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019, lo que habría impedido su acceso al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Su objetivo era «compensar el impacto de la emergencia sanitaria en el balance de empresas solventes consideradas estratégicas».

La semana pasada se ha detenido a tres empresarios ligados a Plus Ultra –Julio Martínez Sola, Roberto Roselli y Julio Martínez Martínez– por presuntamente blanquear fondos ilegales de oro venezolano y de programas de comida para pobres con ese rescate estatal otorgado por el Ejecutivo del PSOE.

Préstamo fraudulento

Los peritos de Martín Molina cuestionaron frontalmente la validez del préstamo participativo de 6,3 millones de euros que Plus Ultra tenía contabilizado. Según su análisis, 4 millones de esa cantidad quedaron «indisponibles» en una cuenta en Dominica –un diminuto país caribeño de 66.000 habitantes–, lo que desnaturaliza el concepto mismo de préstamo participativo.

«¿Saben ustedes si alguien ha verificado si esa cantidad está efectivamente depositada en esa cuenta bancaria?», le preguntan a los peritos. «Buena pregunta. En la documentación no pone nada. Decimos en nuestro informe que en una adenda, por un lado, ponía que estaba depositado en una determinada sociedad. Tan sencillo como buscar en Internet y efectivamente consta su domicilio social en la República de Dominica. Cuestión que no ponía en la adenda. Luego, comprobando la cuenta bancaria aparece que es de una Caja de Lisboa, lo cual todavía nos llamó más la atención y dijimos ‘Dios mío’. Y, además, en las cuentas anuales se indica que el dinero está en Panamá. Tres sitios distintos», relatan extrañados.

«No se puede considerar que a 31 de enero de 2020 la totalidad del préstamo sea participativo», argumentaron. La razón: un préstamo participativo debe «dotar de liquidez» a la empresa, función que no puede cumplir una cantidad pignorada e inaccesible en otro país.

«Si 4 millones que no dotan de liquidez porque están indisponibles, difícilmente podemos considerar que sea préstamo participativo por esa cuantía», ha explicado uno de los expertos. Es como si un amigo presta 10 euros a su socio, viendo que no los va a ver de vuelta le exige que deposite 6 en un banco donde no lo puede tocar y luego el socio asegura que tiene 10 euros como patrimonio neto.

Llegaron a plantear una pregunta retórica demoledora: «Si aceptamos esta teoría, cualquier empresa de este país salvaría la situación de disolución, lo cual no podemos aceptar». Con ello, evidencian que el mecanismo utilizado por Plus Ultra constituiría un fraude generalizable que vaciaría de contenido las normas mercantiles.

Los peritos judiciales citan textualmente al propio auditor de Plus Ultra, que reconoció en su informe: «A 31 de enero del 2020, la sociedad presenta un fondo de maniobra negativo […] Conforme a dicho saldo la sociedad estaría en causa de disolución». Sólo la consideración del préstamo participativo salvaba esa situación crítica.

Defensa de SEPI

Los peritos contratados por SEPI defendieron la legalidad de la operación con vehemencia. Insistieron en que «el préstamo participativo se dispuso el primer día» en 2017 y que los 4 millones indisponibles son simplemente «una garantía», no parte del préstamo.

«Nosotros, Deloitte, el asesor jurídico de SEPI, no recibimos ninguna indicación», afirmó el representante del despacho cuando la fiscal le preguntó si hubo presiones para orientar su informe. Trabajaron, según sus palabras, «con absoluta independencia en cuanto al contenido de nuestro informe».

Subraya que el préstamo se constituyó en marzo de 2018, «muy anterior» a la pandemia, por lo que «es muy difícil que en ese momento se previera que iba a haber una pandemia y mucho menos que se iba a constituir un fondo» de rescate.

La Fiscalía presentó un informe de 23 páginas en el que solicitaba el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones. La fiscal Luisa Llop Esteban determinó que «nos encontramos ante distintos criterios contables». Finalmente, el caso quedó archivado por un error al no prorrogar el plazo de instrucción otros seis meses.

Controversia adicional

El enfrentamiento se extendió a otros aspectos técnicos. Los peritos judiciales cuestionaron también la contabilización de la venta de una aeronave que Plus Ultra vendió a unos bonistas por 9 millones de euros, registrando un beneficio de 6,3 millones que mejoró artificialmente su patrimonio.

«¿Qué empresa acepta una garantía con un valor tres veces inferior al paquete de 9 millones de euros? Nadie, salvo que te lo vayan a devolver ese dinero con el dinero público», expusieron los peritos judiciales independientes, señalando que en el plan de viabilidad se contemplaba devolver esos 9 millones con la ayuda de SEPI.

Los expertos de SEPI rebatieron que se trataba de una «dación en pago» legítima y que Plus Ultra canceló una deuda real. Un perito de Advisory defendió que «es bastante claro» que se trataba de un «arrendamiento operativo» normal, aunque los judiciales consideran que era financiero y que el avión seguía siendo de Plus Ultra.

La fiscalía ha preguntado insistentemente sobre las provisiones por litigios que Plus Ultra no contabilizó en 2019 pero sí en 2021, mejorando así su balance en el momento crítico.

Validación cuestionada

Un argumento utilizado por la defensa fue que organismos como AESA, la Agencia Tributaria y el auditor externo avalaron implícitamente la situación de Plus Ultra. Sin embargo, los peritos judiciales replicaron con dureza que «el impuesto de sociedades es una autoliquidación» y que «la Agencia Tributaria no ha corroborado nada».

El careo dejó claro que la concesión de 53 millones de dinero público se sustentó sobre un terreno técnico tan cuestionable que ni siquiera los expertos logran ponerse de acuerdo sobre si la compañía debía haber echado el cierre o merecía el salvavidas del Estado. Una brecha pericial que ahora deberá zanjar la justicia.