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Las víctimas del Covid-19 piden a la juez que tome declaración a Fernando Simón por permitir las marchas del 8-M

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Fernando Simón
Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, durante una rueda de prensa. (Foto: EFE)

La asociación de Afectados por la Gestión del Coronavirus (AGC) ha pedido a la juez que tome declaración al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en calidad de testigo-perito para que aclare por qué el Gobierno permitió las marchas multitudinarias del 8M en plena epidemia del coronavirus.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel Nieto, admitió a trámite el pasado 23 de marzo una denuncia en la que el abogado Víctor Valladares acusa al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo, de los delitos de prevaricación y lesiones por imprudencia profesional, por permitir las manifestaciones feministas del 8M en plena epidemia.

Valladares presentó esta denuncia a título particular, aunque ahora ha solicitado la personación en nombre de la asociación de Afectados por la Gestión del Coronavirus (AGC), que preside y que ya agrupa a más de 10.000 personas. El letrado presentó otra denuncia, en términos similares, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Tribunal Supremo, que todavía no ha sido admitida a trámite.

En un escrito presentado el pasado miércoles, Víctor Valladares ha solicitado a la juez Rodríguez-Medel Nieto que tome declaración como testigos a Fernando Simón; a la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga, y al ex jefe de prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, José Antonio Nieto González.

Como ha informado OKDIARIO, la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio Azcárraga, firmó una nota oficial el 6 de marzo (dos días antes de las manifestaciones del 8M) que recomendaba aplazar o suspender todos los «eventos multitudinarios de cualquier tipo, con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha constatado la transmisión del virus SARS-CoV2», por considerarlos «eventos de riesgo de transmisión de este patógeno y un riesgo para la salud de la población».

Pese a la recomendación de esta alto cargo del Ministerio de Sanidad, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió no suspender las multitudinarias manifestaciones feministas que se celebraron dos día después. El Gobierno incluso hizo un llamamiento público a «llenar las calles» y participar de forma masiva en estas marchas. La vicepresidenta Carmen Calvo y las ministras Irene Montero y Carolina Darias encabezaron la manifestación de Madrid, que congregó a más de 100.000 personas, y luego han dado positivo en coronavirus.

El propio Fernando Simón, encargado de coordinar la lucha contra el coronavirus, afirmó en rueda de prensa que no existía ningún riesgo sanitario en participar en estos actos. Ahora deberá explicar estos hechos en los tribunales, si la juez acepta llamarle a declarar como testigo.

Por último, la asociación de Afectados por la Gestión del Coronavirus (AGC) también ha pedido a la juez que tome declaración como testigo al doctor José Antonio Nieto González, ex jefe de prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional.

Nieto González firmó un comunicado el pasado 24 de enero en el que, atendiendo a los informes de la OMS, recomendaba utilizar mascarillas FFPP2 y guantes de nitrilo a todos los funcionarios policiales en los controles de pasajeros procedentes de China o de otras regiones afectadas por la epidemia.

Víctor Valladares
Fragmento del escrito presentado el pasado día 13 por el abogado Víctor Valladares ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid.

Además, solicitó una disposición de fondos para comprar varios miles de mascarillas y guantes, con el fin de proteger a estos agentes de Policía. La respuesta del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue destituirle del cargo por considerar que estaba provocando un alarmismo injustificado.

En una rueda de prensa ofrecida el pasado día 12, el ministro Marlaska reconoció que ya se han infectado de coronavirus más de 2.700 policías y guardias civiles, por trabajar sin las necesarias medidas de protección.

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